El juez Llarena mantiene el cargo de malversación, pero la reforma del Gobierno castiga ahora este delito con la mitad de condena
A la espera de que los líderes independentistas catalanes condenados en el juicio del procés puedan verse absueltos de sus condenas o ver rebajadas sus penas, el Gobierno de Pedro Sánchez ha alcanzado cuotas hasta ahora desconocidas en lo que las cesiones al separatismo se refiere. Y eso, con este Ejecutivo, es mucho decir.
El motivo es que la reforma del Código Penal patrocinada por Sánchez ha obligado al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena a eliminar el delito de sedición del procesamiento contra el expresidente catalán Carles Puigdemont. Según ha informado el TS, el instructor del ‘proces’ considera que la derogación de la sedición plantea un «contexto cercano a la despenalización» de los hechos investigados, al no encajar en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados.
El abogado de Puigdemont asegura que la malversación dificulta su entrega a España
La defensa de Carles Puigdemont descartó este jueves que su entrega a España sea más fácil tras entrar en vigor la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición, ya que el Tribunal Supremo mantiene procesado al expresidente catalán por los delitos de malversación y desobediencia.
Según el abogado Gonzalo Boye, «el problema que tiene» el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena no es «de tipo penal», sino «de derechos fundamentales y es un problema de persecución política».
Como ejemplo, Boye puso el hecho de que Llarena rechazara en 2018 que Alemania entregase a Puidemont por malversación y, en cambio, ahora le reclame por ese delito.
Después de que este jueves entrara en vigor la reforma del Código penal con la derogación de la sedición, Llarena exoneró a Puigdemont de ese delito pero mantuvo su procesamiento por el de desobediencia y el de malversación, sin atenuantes, que puede estar castigado con hasta 12 años de prisión.
Dos delitos por los que ha procesado también a Toni Comín y Lluis Puig, exconsejeros del Gobierno de Puigdemont y con el que huyeron a Bélgica.
Con estas modificaciones, Llarena ha dejado sin efecto las euroórdenes por las que reclamaba actualmente a los líderes independentistas y no emitirá otras nuevas contra Puigdemont, Comín y Puig hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva el próximo 31 de enero la cuestión prejudicial sobre los motivos por los que un país puede rechazar la extradición.
El magistrado quiere esperar también a que el Tribunal General de la UE decida sobre la inmunidad de Puigdemont y Comín, que podrán recurrir ante el TJUE en caso de que la sentencia sea desfavorable a sus intereses.
Boye, no obstante, insistió en que si el TGUE les concede la inmunidad, Puigdemont volverá a España, aunque se negó a poner fecha a la hipotética vuelta.
«La fecha no la sé, porque depende de la sentencia y después de la decisión del presidente de cuándo regresar», aseguró el abogado.
Mientras tanto, Llarena ha dictado una nueva orden nacional de busca y captura e ingreso en prisión para ellos por malversación y desobediencia, un hecho con el que el magistrado del TS «vuelve a vulnerar la inmunidad de los eurodiputados», que tienen reconocida de forma cautelar hasta que la justicia europea resuelva el caso.
