La opinión unánime de los expertos es que el expresidente catalán se beneficiaría sustancialmente del cambio legal del Ejecutivo de Sánchez
El 29 de octubre de 2017, Carles Puigdemont atravesó la frontera española agachado en la parte trasera de un vehículo para escapar de la Justicia. El expresidente de la Generalitat evitó así el destino que aguardaba a sus compañeros de travesía del procés, los cuales fueron condenados a diversas sentencias por sedición y/o malversación.
Desde entonces, Puigdemont ha permanecido en Bélgica, tal vez a la espera de un escenario más propicio para volver a España. Esas condiciones bien pudieron haberse creado este lunes, cuando el Gobierno logró la aprobación por parte del Congreso de la supresión de la sedición y de una rebaja de las penas del delito de malversación, que pasará a estar castigado con un máximo de 4 años de cárcel, frente a los 8 que marca el actual Código Penal en su tipo agravado.
No parece demasiado aventurado adivinar que, en caso de que Puigdemont retornase a nuestro país, sería juzgado y condenado en parecidos términos a los que lo fue el entonces vicepresidente del Govern que presidía, Oriol Junqueras. El líder de ERC fue sentenciado a 13 años de prisión por los delitos de sedición y malversación, de los que cumplió algo más de tres años y medio, antes de ser indultado por el Gobierno de Pedro Sánchez.
La clave, por tanto, está en saber si la reforma de la malversación y de la sedición puesta en marcha por el Ejecutivo podría beneficiar a Puigdemont frente a un tribunal. La opinión unánime de los expertos consultados por el diario El País es que sí, aunque sea difícil delimitar hasta qué punto. En concreto, la mayoría opina que los delitos de los ya condenados en el juicio del procés y aquellos que pudieran imputársele a Puigdemont no quedarían impunes, pero sí pasarían a castigarse con penas sustancialmente menores. La rebaja podría suponer hasta dos tercios de la condena con el Código Penal hasta ahora vigente.
Fuentes del Tribunal Supremo consultadas por el diario de PRISA apuntan a que tanto las sentencias a los ya condenados como la euroorden emitida contra Puigdemont deberán ser revisadas a la luz de la nueva reforma aprobada por el Gobierno de Sánchez.
