El Senado de Oklahoma dio luz verde, con 35 votos a favor y 10 en contra, a una iniciativa legislativa que veta esta práctica
Oklahoma está a punto de convertirse en el primer estado de EE.UU. que prohíbe totalmente el aborto, tras la aprobación este jueves de dos proyectos de ley en las cámaras del Congreso estatal, dominadas por los republicanos, que restringen en gran medida esta intervención.
El Senado de Oklahoma dio luz verde, con 35 votos a favor y 10 en contra, a una iniciativa legislativa que veta todos los abortos, excepto en caso de emergencia médica, incesto y violación, siempre y cuando estos dos últimos supuestos sean denunciados ante las autoridades.
El borrador de ley entrará en efecto de inmediato cuando lo firme el gobernador, el republicano Kevin Stitt, que ha prometido rubricar cualquier legislación que limite el aborto.
Horas antes, la Cámara Baja estatal aprobó con 68 apoyos y 12 votos en contra otro proyecto para vetar el aborto a partir de la sexta semana de gestación, cuando muchas mujeres todavía no saben que están embarazadas, y que permite a particulares denunciar a quienes proporcionen servicios abortivos. Esa norma, similar a la aprobada en Texas en septiembre pasado, también entrará en vigor inmediatamente en cuanto sea rubricada por Stitt.
Esa ley vetaría el aborto cuando pueda detectarse el latido del corazón del feto, alrededor de las seis semanas de gestación, y no contempla excepciones en casos de violación o incesto, aunque sí ante determinadas emergencias médicas.
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Asimismo, anima a los particulares a denunciar a cualquier persona que «lleve a cabo o induzca» un aborto; que «ayude o incite» a realizarlo; o que «intente participar» en cualquiera de las acciones interiores, aunque todavía no lo haya hecho.
La norma estipula recompensas de hasta 10.000 dólares a los denunciantes «por cada aborto que el acusado haya llevado a cabo o inducido» o en el que el imputado «haya ayudado o incitado».
Hace dos semanas, Stitt firmó otra ley, que estará vigente a partir de agosto, que prohíbe el aborto en todos los casos excepto en los que la vida de la madre está en riesgo y que se considera la más restrictiva del país.
Esa legislación prohíbe, con penas de hasta 10 años de prisión, que un médico realice un aborto en cualquier momento del embarazo a no ser que sea para «salvar la vida» de la mujer. Por tanto, no cuenta con excepciones para aquellas mujeres que han sido víctimas de violación.
También permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición, y ofrece recompensas económicas al demandante si gana el juicio.
