Hasta ahora varias de estas leyes estatales han sido tumbadas por el Tribunal Supremo pero su reforzada mayoría conservadora podría cambiar las cosas
El estado de Oklahoma (EE.UU.) sancionó este lunes tres leyes que pretenden cerrar las opciones al aborto, al tipificar como «conducta no profesional» ese procedimiento e incluir sanciones como la suspensión de la licencia al médico que interrumpa un embarazo sin que exista un riesgo de muerte.
Las normas aprobadas por el Legislativo local fueron firmadas hoy por el gobernador de ese estado, el republicano Kevin Stitt, para su entrada en vigor el próximo 1 de noviembre, lo que anticipa una batalla legal por parte de los defensores del aborto, que desde 1973 es legal en Estados Unidos.
«Tenemos ahora tres leyes más que protegen la vida de los no nacidos», destacó Stitt en su cuenta de Twitter.
Una de las leyes rubricadas este lunes establece que sólo un médico con licencia para ejercer la profesión en ese estado y certificado en obstetricia y ginecología podrá interrumpir un embarazo con penas de entre 1 y 3 años de cárcel para quien lo infrinja.
Dicha normativa prevé que nadie puede inducir un aborto a una mujer «después del final del primer trimestre», a menos que se lleve a cabo en un hospital.
Otra de las normas tipifica como una «conducta no profesional» practicar un aborto, a menos que busque «evitar la muerte de la madre» o evitar un «deterioro físico sustancial o irreversible» que la ponga en riesgo de muerte.
Además, el gobernador sancionó una legislación que establece que no se podrá realizar un aborto sin que antes se determine si el niño por nacer «tiene un latido cardíaco detectable». El «latido fetal» sólo puede apreciarse mediante una ecografía a partir de la sexta semana de embarazo.
El obstáculo del Supremo… al menos hasta ahora
El movimiento conservador y los republicanos han tratado en los últimos años de restringir o prohibir el derecho al aborto en Estados Unidos a través de los estados, pero hasta ahora se han topado con el Tribunal Supremo, que ha defendido su constitucionalidad a nivel federal.
La última vez, en junio de 2020, el Supremo declaró inconstitucional una ley estatal que habría limitado al máximo el acceso al aborto en Luisiana. Desde entonces, sin embargo, el Tribunal Supremo ha ampliado su mayoría conservadora a 6-3, por lo que el movimiento provida confía en que pueda prohibir el aborto en el futuro próximo.
