La oposición critica la propuesta legislativa del Gobierno autonómico, tachándola de «cacicada» y de «propaganda» en el ente público
La aprobación este jueves de la reforma legislativa de Telemadrid impulsada por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso (PP), llega con una amplia contestación de la oposición y de los sindicatos, y en pleno cisma entre el canal y el Gobierno debido a la polémica por la brecha de seguridad en la Consejería de Sanidad.
La ley presentada por el PP ha salido adelante en el pleno de la Asamblea de Madrid con el exclusivo apoyo de este partido, pues la izquierda (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) votará en contra e incluso Vox, que se ha abstenido, se ha sumado a las críticas del resto de la oposición ante lo que ven como un intento de Ayuso de hacerse con «el control» de Telemadrid.
El debate parlamentario se ha producido en medio de la controversia por el fallo de seguridad ocurrido en los portales web de la Consejería de Sanidad, que expuso durante varias horas datos personales de ciudadanos, como el número de teléfono o dónde se han vacunado contra la covid.
Telemadrid ha denunciado lo ocurrido en la Fiscalía de la Comunidad de Madrid y la Policía Nacional, detallando que el miércoles 7 de julio su redacción de informativos recibió información sobre «la existencia de dos enlaces de acceso público en los que, introduciendo determinados datos, aparecía distinta información personal y sanitaria».
«Garantizar la audiencia»
En medio de esta polémica, Ayuso ha tenido que defender esta ley, la primera que va a ser aprobada esta legislatura, en la sesión de control al Gobierno, al ser preguntada por la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, sobre qué opinión tiene de Telemadrid y Onda Madrid «como servicio de utilidad pública».
«Un servicio público sin público no es un servicio, sino un negocio de cuatro, y por tanto es mi misión como gestora garantizar el futuro, la audiencia y la calidad de Onda Madrid y de Telemadrid y por eso reformamos una ley en el legislativo», ha respondido Ayuso.
A continuación, ha dicho que se ocupa de este medio de comunicación público «cuesta más de dos ‘zendales’ cada legislatura», en referencia al Hospital Enfermera Isabel Zendal, y por ello está «obligada a asegurar su viabilidad».
Fuentes de RTVM han salido al paso de estas declaraciones esgrimiendo que sus dos canales (Telemadrid y LaOtra) han crecido de forma «sostenida y constante» durante los últimos cuatros años, pasando de un ‘share’ del 4,9 % en 2017 al 6,3 % de media conjunta en 2020, y que la empresa «ha cerrado los últimos cuatro ejercicios presupuestarios en equilibrio y sin incurrir en déficit», con un superávit de 4,61 millones en 2020.
Críticas de la oposición
Para Más Madrid, la ley es la «primera cacicada» que ejerce el PP tras «quitarse de encima» a Ciudadanos, y el PSOE la ha descrito como «un ‘quítate tú para ponerme yo'».
«(Ayuso) Quiere cambiar Telemadrid para contratar a tertulianos, productoras y amigas y que sea esto un chiringuito, ‘Alo presidenta’. No es un gobierno, es un gran aparato de propaganda y por eso quieren controlar Telemadrid», ha denunciado Unidas Podemos.
Y Vox ha agregado que «su único afán aquí es la intervención política y utilizar este organismo autonómico como un altavoz de propaganda, de pura y dura toma de control».
Cambios en la elección del consejo de Telemadrid
La propuesta del PP para reformar la ley de RTVM de 2015, que fue aprobada por unanimidad, prevé entre otros aspectos cambiar entre otros aspectos el mandato del director general y la elección del consejo de administración.
El mandato del director general se verá reducido de seis a cuatro años, por lo que el titular actual, José Pablo López (nombrado en febrero de 2017), cesaría en el cargo nada más entrar en vigor la reforma.
Además, cambiará la composición de los miembros del consejo de administración de la televisión pública, que excluirá a organizaciones profesionales y pasará a estar ocupado únicamente por personas designadas por partidos políticos.
Asociaciones de periodistas, partidos y sindicatos, entre otros colectivos, se han posicionado en contra de la modificación de la ley del ente público, al considerar que es el intento de “menoscabar la independencia” de este medio.
