Inicio Opinión La realidad nacional española y la farsa autonómica: el auge de Vox

La realidad nacional española y la farsa autonómica: el auge de Vox

El presidente de Vox, Santiago Abascal (d), y el candidato de esta formación a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (fondo), valoran los resultados electorales autonómicos, el domingo en Valladolid. Vox ha pasado de 1 a 13 escaños en las Cortes de Castilla y León. EFE/PABLO REQUEJO

Ayer, en plena expectación por los resultados de las elecciones en Castilla y León, los periodistas y comentaristas televisivos que, en general, hacían el seguimiento de la jornada electoral, se quejaban de que la campaña electoral se había hecho en “clave nacional”, y que, por esos derroteros, no se había atendido a los intereses y problemas de los “ciudadanos castellano-leoneses” (lo mismo, por cierto, se dijo durante las elecciones de Andalucía, durante las de Cataluña, Madrid, etc). Y el caso es que nadie sabe cuáles son esos intereses y problemas de Castilla y León, o de cualquier otra comunidad autónoma, a los que debiera ceñirse la campaña, y que puedan desconectarse del resto de España. Es decir, a ver si alguien fuera capaz de mencionar un solo problema castellano-leonés, uno solo, cuya resolución no involucre al resto de la nación. Y es que esto lo que pone de manifiesto es que la “autonomía” es una farsa, pero una farsa que, además, sirve de coartada al separatismo (no es una farsa inocua, ni inocente).

Y esta es, en buena medida, la explicación del auge de Vox en las sucesivas últimas elecciones (desde el año 2017), al no perderse de vista, desde este partido, que la unidad de referencia de la acción política es la nación en su integridad, y nunca una parte suya. Es más, dicho partido ha nacido como respuesta al cerco que el separatismo ha puesto a la nación española, un asedio bien real, y que sigue estando ahí, y que llegó a una fase muy aguda con el “proceso” catalanista (a partir del cual Vox salió de la marginalidad hasta convertirse, cualquiera ahora lo puede pensar, en un partido de gobierno).

La respuesta del resto de partidos políticos, incluyendo el PP, ante el desafío separatista ha sido la misma que se había dado hasta ahora. Esto es, la de tratar de normalizar el cerco. Desde la Transición se ha venido justificando el hecho de que en asambleas parlamentarias y plenos municipales, y otras muchas instituciones, existan facciones que buscan la desintegración de la unidad nacional, y se ha hecho entendiendo al separatismo como una “opción” legítima más, por “democrática”. No perciben que, de consumarse, de llevarse a cabo los programas separatistas, se acabaría con la sociedad española, y todo lo que tiene de comunidad política (para empezar, la propia integridad territorial, base de la riqueza nacional, etc). Ni siquiera perciben, tal es su idiocia y miopía cortoplacista, que se acabarían sus propias organizaciones como partidos políticos, dependientes de la unidad nacional.

Es decir, se ha consagrado la idea entre los partidos políticos con representación parlamentaria actual, salvo en Vox, que la separación es un “derecho democrático” y la unidad, la unidad nacional, es una “imposición” defendida por la “extrema derecha”.

Así, con esta coartada, completamente disparatada, tanto desde PSOE como desde Podemos sueltan sus fatwas antifascista y se escandalizan ante el auge de Vox, señalando al PP como responsable de “haberle abierto la puerta” a la “extrema derecha”, y prefieren aliarse, para neutralizarla, con el separatismo nazionalfragmentario que implica la defunción y entierro de la nación española. Un nacionalismo fragmentario, además, en cuyo seno alberga ideas segregacionistas y supremacistas que podrían calificarse tan de “extrema derecha”, si no más, que las de Vox. 

Es decir, en definitiva, se busca “cancelar” a un partido cuya “verdad” está en la nación española a base de alinearse con facciones cuya “verdad” está en la descomposición de la nación. Y, tras semejante pirueta, aún pretenden caer de pie.

Esta dinámica, la unidad vista como imposición y la separación como derecho, pone a España en un disparadero disgregador, con el estado autonómico como coartada administrativa, que sólo por la vía del electro-shock jacobino podría frenarse (y da igual, a mí me da igual, de dónde proceda la descarga).

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