Cree que el juicio por tres piezas del caso Tándem sobre distintos encargos de espionaje es una causa «preparada e impulsada por el resentimiento»
El excomisario José Villarejo se ha mostrado ante el tribunal que le está juzgando por tres piezas del caso Tándem sobre distintos encargos de espionaje, como una víctima de una causa «loca», «preparada e impulsada por el resentimiento» y dirigida al «exterminio del enemigo».
Un resentimiento que procedía de los exresponsables del CNI Félix Sanz Roldán y de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín Blas, quienes, según ha expuesto este lunes la defensa del excomisario durante la fase de cuestiones previas en la Audiencia Nacional, utilizaron una denuncia anónima para expulsar «del sistema» a Villarejo, que se encuentra sentado a la derecha de su abogado, vestido también con la toga al ejercer la codefensa.
Así se ha ido «fabricando una verdad de artificio que más tarde se convierte en realidad legal», ha lamentado el letrado Antonio José García Cabrera al considerar «sorprendente» que el caso Tándem se inicie con una denuncia anónima que realmente fue «elaborada, supervisada y tutelada por el CNI».
Pero además ha cuestionado si «no resulta escandaloso» juzgar a su cliente «cuando hay otros Villarejos y la Fiscalía lo sabe» porque, ha insistido, «había gente de la Policía en la música, en empresas de publicidad, agencias de prensa, sociedades de inversión y directores de seguridad de tarjetas de crédito».
«Tenemos las iniciales. Miguel, Vicente, José Luis», ha señalado para preguntar más tarde: «¿Vamos a tener que decir los otros Villarejos que han coincidido con el señor Villarejo?».
Según ha expuesto, en la citada denuncia anónima que dio pie al origen del caso se abordaba la financiación del proyecto King en Guinea Ecuatorial, un encargo realizado a Villarejo para perjudicar a uno de los hijos del dictador Teodoro Obiang.
La denuncia, ha proseguido, se envió a la Fiscalía Anticorrupción desde una comisaría de La Coruña por parte de un exagente del CNI (David Vidal) que en 2020 aseguró en una entrevista que lo que necesitaban con respecto a Villarejo «era encender el fuego porque el incendio se propagaría solito» y que «de alguna manera había que poner el cascabel al gato».
Un incendio, ha observado el abogado, que se ha extendido a grandes empresas e instituciones de este país «en una causa loca por destruir» a Villarejo.
Ha recordado que Vidal es el mismo agente que ya entregó en 2016 (un año antes de la operación Tándem) una denuncia anónima sobre este asunto a Anticorrupción, y lo que se hace con esa nueva denuncia es revestir los hechos de otra forma para que los aceptase un tribunal.
También se ha referido, en el marco de esa alegada persecución para destruir a su cliente, a las diligencias que abrió la Fiscalía de Madrid tras recibir un informe de Asuntos Internos en relación a los empresas del excomisario y que finalmente fueron archivadas, circunstancia, ha señalado, a la que no hizo referencia la Fiscalía al inicio del procedimiento.
«Han ocurrido cosas que no suceden en ninguna instrucción» ha lamentado el abogado al observar que haber dejado la investigación sobre el excomisario en manos de Asuntos Internos es como poner al poder ejecutivo a investigar al propio poder ejecutivo «a las órdenes del señor Marlaska».
En este sentido ha puesto como ejemplo la investigación sobre la llamada operación Cataluña, que según ha explicado llevó a cabo Asuntos Internos con Villarejo, y es esa unidad policial la que ahora ha decidido que se declare secreta esa parte de la investigación del caso Tándem.
Ha denunciado que se ha aplicado «un derecho penal de autor no del hecho» y que «se ha perseguido a una persona que se considera un enemigo a aniquilar y por eso han volado por los aires las garantías», de modo que ha manifestado que acuden ante este tribunal «a tener un juicio justo» y ha deseado que la Sala «corrija estas irregularidades procesales que son auténticas vulneraciones de derecho fundamentales».
También ha cuestionado la competencia de la sala para juzgar independientemente las piezas del caso y ha pedido que o bien se envíe la causa a los juzgados ordinarios o se juzgue conjuntamente con la pieza principal, donde se deberá delimitar si Villarejo encabezó una organización criminal y si » podía utilizar sus empresas como cobertura policial».
Villarejo acusa al Gobierno de vulnerar su presunción de inocencia
La defensa de Villarejo también ha denunciado que nunca tendrá un «juicio justo» después de que miembros del Gobierno, incluido el presidente Pedro Sánchez, hayan hecho declaraciones públicas en contra de su cliente, algo que, ha subrayado, quebrantan su presunción de inocencia.
El abogado José Antonio García Cabrera considera que el primer juicio del caso Tándem, en el que Villarejo se enfrenta a una petición fiscal de más de un centenar de años de prisión por tres presuntos encargos de espionaje, es el «más paradigmático que ha existido en democracia».
La razón, según ha señalado a lo largo de las casi cuatro horas de exposición de cuestiones previas en la Audiencia Nacional, es la «campaña verdaderamente demoledora» que ha sufrido al ser calificado de «filtrador, chantajista y corrupto», una consideración «que ha sido avalada por los principales responsables del Estado».
El abogado de Villarejo ha acusado a algunos miembros del Ejecutivo como el presidente, Pedro Sánchez; y los ministros de Interior y de Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, respectivamente; además de la exministra de Justicia y actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de hacer declaraciones públicas en contra de su defendido.
Entre ellas ha mencionado una intervención de Pedro Sánchez en la sede de la ONU en Nueva York hace tres años, en la que, ha subrayado el letrado, tildó a Villarejo de «corrupto y chantajista». Según el abogado, «debería haberse abstenido», y ha añadido que «el Estado tiene mecanismos para conocer que esas declaraciones no podían haberse realizado».
Se refiere concretamente a una conferencia de prensa del 26 de septiembre de 2018 donde Sánchez respaldó a la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, tras difundirse informaciones que la vinculaban con Villarejo, y señaló que el Gobierno no aceptará «chantajes» ni «amenazas» y que seguirá gobernando porque no le «va a marcar la agenda política un corrupto».
Aparte de las sucesivas peticiones de nulidad de la causa, la defensa de Villarejo también ha solicitado la expulsión de Podemos como acusación popular ante las sospechas de que ha hecho una «utilización política de esta causa» para «obtener ventajas electorales», una reclamación que han efectuado hasta seis acusados, entre ellos su mujer, Gemma Alcalá.
El letrado ha comentado las relaciones que trascendieron entre abogados de Podemos y fiscales del caso Tándem al publicarse un chat del equipo jurídico de la formación en el que se hablaba del llamado caso Dina.
«Que la Fiscalía pueda tener ciertas relaciones con una acusación popular que es un partido político cuando hay otros partidos políticos implicados» es una cuestión que afecta al derecho a la tutela judicial efectiva, ha dicho el abogado, y ha lamentado que se les haya «cercenado» la posibilidad de analizar esas relaciones.
El letrado ha acusado a la Fiscalía de actuar de forma ilegal ordenando detenciones y diligencias, y ha recordado que cuando el juez instructor solicitó al Tribunal Supremo la imputación del líder de Podemos y exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en el caso Dina, el magistrado observó que podía existir un interés político de la formación morada.
Fuente: EFE
