El pasado martes, Sánchez compareció ante los medios para anunciar el nuevo paquete de medidas anticrisis y van ya… pero de lo que se trata aquí y ahora es de analizar el contenido de lo que anunció el presidente del Gobierno, de las que vamos a referirnos a las que versan sobre el IVA, a las relativas al nuevo cheque-ayuda y a las que prorrogan determinadas medidas adoptadas anteriormente.
Comenzando por las rebajas en el IVA, Sánchez anunció la suspensión temporal del impuesto para aquellos productos alimentarios que venían siendo gravados al 4%, al tiempo que comunicó la reducción del tipo de gravamen aplicado -del 10% al 5%- a las compras de aceite y pasta. La primera cuestión resaltable es que reducir el IVA de los alimentos había sido ya propuesto hace tiempo por la oposición política -PP y Vox-. Como es sabido, la propuesta fue seguida de un carrusel de criticas vertidas desde el Gobierno y desde el PSOE esgrimiendo su pretendida ineficacia y regresividad. Según parece, la reducción del IVA de los alimentos era ineficaz y regresiva cuando la propuso la derecha, pero es útil y progresista si la decide la izquierda, cosas del socialismo español. En cualquier caso, la rebaja llega tarde pero además es ciertamente insuficiente dado que ha quedado fuera de la medida la compra de carne y pescado, productos que, según las estadísticas oficiales del Ministerio de Pesca y Alimentación, suponen para las familias españolas en torno al 50% del coste de su cesta de la compra.
Por su parte, el cheque-ayuda de 200 euros que se dice percibirán algo más de cuatro millones de españoles constituye una tomadura de pelo. Recibir 54 céntimos de euro cada día no es un alivio efectivo para nadie cuando, de nuevo según los datos oficiales, el coste diario en alimentación para una familia española es próximo a los 20 euros/día, habiendo aumentado este año en casi 3 euros. Es decir, el cheque-ayuda reducirá exclusivamente la quinta parte del impacto de la inflación en la compra de alimentos y solo a una décima parte de los españoles. La parquedad de la ayuda anunciada por Sánchez es evidente si se considera que, de cumplirse la cifra anunciada de beneficiados, el coste global de la medida sería 850 millones de euros, y recordemos que cuando en el verano se aprobó otro cheque-ayuda, el Gobierno predijo que beneficiaría a dos millones de españoles, predicción que la realidad redujo a tan solo medio millón.
En todo caso, contrasta el carácter tardío y limitado de la rebaja en el IVA y la parquedad en el importe del cheque-ayuda con la ingente y escandalosa sobre-recaudación tributaria que está obteniendo el Gobierno aprovechándose de la inflación. Basta con señalar que, a 30 de noviembre de este año, la Agencia Tributaria nos había cobrado en impuestos 33.000 millones de euros más que en 2.021 a la misma fecha, de los que prácticamente la mitad -16.000- corresponden al IVA.
Por otra parte, el Gobierno Sánchez ha decidido prorrogar el tope a la actualización del precio de los alquileres de la vivienda, lo que constituye un auténtico atraco a los millones de ahorradores españoles que, tras ahorrar durante muchos años, adquirieron una vivienda con el fin de arrendarla para así complementar su sueldo o su pensión y ahora han de sufrir que el Gobierno reduzca la rentabilidad de sus ahorros. Que el precio de las viviendas en los grandes municipios españoles es un problema social constituye un hecho incontestable. Que la inacción del Gobierno para ampliar la oferta de pisos en alquiler es lamentable, también. Por ello, la casi congelación del precio del alquiler de viviendas implica que el socorro al problema de los inquilinos les sea exigido a los propietarios, traspasándoles el coste de lo que el Gobierno es incapaz de resolver.
También se ha acordado por el Consejo de Ministros prorrogar las restricciones a la inversión extranjera en España, extendiendo hasta el final de 2.024 el llamado “escudo anti-OPAS”. Exigir la autorización del Gobierno para la entrada de capital exterior en empresas españolas pudo tener alguna justificación en 2.020, en plena crisis del Covid, cuando nuestras empresas estaban debilitadas y aquellas que cotizaban en Bolsa tenían su cotización por los suelos. Pero ahora, superada aquella situación, prorrogar el control de las inversiones extranjeras constituye un rechazable intervencionismo, incompatible con la libertad de empresa y con la libre movilidad capitales, principios ambos que iluminan la Unión Europea a la que pertenecemosy queademás son beneficiosos para la economía española. Pero a estas alturas del partido, ya esevidente que el Gobierno quiere vigilar y tutelar el accionariado de las empresas que resultan estratégicas … para sus intereses.
