Qué casualidad que los socios de Sánchez y el partido de Le Pen hayan votado en contra de que los prófugos sean juzgados. Los extremos se tocan
El Parlamento Europeo ha acordado levantar la inmunidad a Puigdemont y al resto de golpistas españoles, vecinos de Cataluña, que huyeron de la Justicia tras el golpe del 1 de octubre de 2017 y se han refugiado en Bruselas, ese país que otrora fue refugio de los terroristas de ETA. Qué casualidad, los extremos –golpistas y terroristas, ambos socios del Gobierno de Sánchez- se vuelven a tocar…
También es casualidad que entre los diputados europeos que han votado en contra de que los prófugos sean juzgados se encuentren los socios del Gobierno de Pedro Sánchez: Podemos, PNV, ERC, IU y Bildu. Ya es casualidad que entre los que han apoyado la impunidad de los prófugos de la justicia esté también el partido de Le Pen… Nuevamente los extremos se tocan: populismo de extrema derecha y de extrema izquierda, con el toque comunista, terrorista y nacionalista aderezando el guiso.
También es casualidad que la parte del Gobierno de España que parece estar a favor de que se aplique la ley haya aprovechado la oportunidad para reivindicar su política de “diálogo” con los independentistas como vía para resolver “los problemas”. ¿Acaso se puede optar entre juzgar a los prófugos o dialogar con ellos? “Los problemas de Cataluña se resuelven en España y no en Europa”, ha dicho la Ministra de Exteriores, Arancha González Laya. Vaya… ¿Desde cuando juzgar a unos presuntos delincuentes que han huido de la Justicia española es “un problema” de Cataluña? ¿A qué viene citar la actitud del Gobierno de Sánchez de “tender la mano a todas las fuerzas políticas catalanas para resolver el problema catalán” en el momento en el que el PE ha decidido que Puigdemont y Cía. no están por encima de la ley? ¿Por qué la parte sanchista del Gobierno contrapone diálogo a ley?
El 5 de setiembre de 2001 tuve la oportunidad de defender en el Parlamento Europeo la Orden de Detención y Entrega, que fue apoyada por 403 diputados de los 501 que en aquel momento formaban el Parlamento y que fue adoptada por los Estados miembros antes de finalizar el año. Esa Orden, (que se votó a la vez que la que recogía la Definición Europea del Delito de Terrorismo) tenía como objetivo proteger la democracia europea de los grandes delincuentes, entre los que se encuentran los terroristas y los golpistas, ambos enemigos jurados de la democracia.
Aunque tras la activación de la Orden por parte del Supremo para solicitar la entrega de Puigdemont y demás compinches algunos tribunales locales europeos hayan hecho una lectura tan creativa de la iniciativa que regula la detención y entrega que desvirtuaron su eficacia jurídica y su espíritu político retrotrayéndonos al momento en el que la extradición era el único instrumento que tenía Europa para la búsqueda y captura de delincuentes dentro del territorio común, el Parlamento Europeo ha dado un paso en la buena dirección y ha situado el debate donde corresponde: nadie, ni siquiera los miembros del Parlamento Europeo, está por encima de la ley.
O sea, ministra González Laya, que se aplique la ley europea (la Orden) para que los tribunales de justicia españoles puedan juzgar a los prófugos de la Justicia es un asunto europeo. La Orden de Detención y Entrega afecta a todos los estados miembros desde el año 2002 y sustituye a la anterior extradición. No la cursan ni la deciden los Gobiernos sino los tribunales de justicia y tiene por objeto que los presuntos delincuentes que huyan de la justicia en cualquier país de la Unión no encuentren cobijo en ninguno de ellos. Es una orden a favor de la seguridad jurídica y contra la impunidad. Nadie, por muy poderoso que sea, puede estar por encima de la ley. Nadie puede burlarla, sin saltarse las normas constitucionales de su país; todos tenemos derecho a intentar cambiarlas; pero solo es posible hacerlo dentro de la ley y con las normas que nos hemos dado. Si un gobernante se puede saltar la Constitución de su país, o las normas europeas (como la citada Orden) nadie estará seguro: ni los jueces, ni los tribunales ni los propios ciudadanos.
El Sr. Puigdemont, expresidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña bajo cuyo mandato ocurrieron todos los despropósitos y desafueros antes comentados, lleva huido desde finales 2017 de la Justicia española. Sobre él y sus dos compinches -que se habían refugiado en su acta de MEP para protegerse- pesan fundadas acusaciones por graves delitos cometidos en el ejercicio de su cargo; delitos que, de forma similar, están contemplados en la mayor parte de los Códigos Penales de los Estados de la Unión. Los Tribunales de Justicia españoles, a la luz de toda la información y todas las pruebas obtenidas a lo largo de estos meses, han activado contra todos los prófugos la Orden de Detención y entrega antes mencionada; y aunque inicialmente sufrieran un revés, la decisión del PE de levantarles la impunidad vuelve a abrir el camino para que se haga justicia.
O sea, Sra. Ministra de Exteriores, este asunto nos afecta como españoles y nos afecta como europeos. Que se cumpla la ley y se juzgue a los presuntos delincuentes no es una cuestión debatible ni sometida a diálogo. Es la ley, no sé si me entiende, es el estado de Derecho, no se cómo decirle…
Aunque, claro, ustedes, la cuota sanchista de este gobierno que nos ha tocado en desgracia, lo primero que debían hacer es explicar en Europa por qué sus socios se alinean con los enemigos de la democracia y con la extrema derecha europea. Eso sí que no es un problema europeo, eso sí que es su problema, Gobierno de España. Y nuestra desgracia, claro.
