Anunciada la existencia de un preacuerdo para modificar el ordenamiento laboral vigente desde la Reforma Rajoy aprobada en 2.012, conviene plantearse varias reflexiones.
De entrada, es obligado preguntarse por la necesidad de abordar la contrarreforma. En mi opinión, no era -no es- una cuestión conveniente para los intereses generales, afirmación que me propongo argumentar.
Es un dato ya incontestable que el crecimiento de nuestra economía no va al ritmo deseable. Según todas las previsiones salvo, claro está, la del Gobierno, España no alcanzará el nivel de PIB previo a la pandemia hasta 2.023. Sin embargo y frente a lo anterior, en este 2.021 el número de empleados ya ha superado al existente antes del shock pandémico. No hay que ser un lince para deducir que este mejor comportamiento de la evolución del empleo frente a la seguida por el PIB constituye una clara evidencia de la bondad del Ordenamiento laboral todavía vigente. Entonces ¿Por qué cambiarlo? La respuesta apunta en varias direcciones.
Uno, por los compromisos asumidos por el PSOE para que Pedro Sánchez pudiera ser presidente del Gobierno. Recordemos que para lograr que los de Pablo Iglesias votaran a favor de su investidura dando así paso al actual Gobierno de coalición, los socialistas firmaron un documento con Podemos comprometiéndose a derogar la reforma de Rajoy.
Dos, por los compromisos posteriores asumidos por Pedro Sánchez. Recordemos que con ocasión de votarse en el Congreso una de las prórrogas del Estado de Alarma y ante la duda del resultado de la votación, el PSOE firmó con Bildu un documento comprometiéndose a la derogación integral de la reforma aprobada en 2.012.
Tres, por la campaña preelectoral emprendida por la actual vice presidenta segunda y ministro de Trabajo. Recordemos que Yolanda Díaz ha escogido la contrarreforma como una de sus banderas y se ha demostrado dispuesta a modificar la reforma de Rajoy en lo que fuera.
Cuatro, por la presión ejercida sobre los partidos de izquierda y sobre el Gobierno por parte de los sindicatos que, tras haber perdido parte de su poder en 2.012, llevan once años luchando por recuperar su monopolio en el tablero de la negociación colectiva. Recodemos que los sindicalistas se juegan los garbanzos de su cocido en el protagonismo que les concedan las disposiciones laborales.
Vemos que, una vez más, los intereses personales, los político-partidistas y los gremiales han sido antepuestos al interés general de todos los españoles. Expuesto lo anterior, conviene analizar las líneas de reforma que parecen haber sido acordadas.
Parece ser que el coste del despido, que fue objeto de reducción en 2.012, no va a ser ahora modificado. Bien, es un reconocimiento implícito de lo positivo de la minoración acordada entonces. Conviene señalar que, pese a todo, seguimos siendo el país de la Unión Europea en el que más cuesta despedir a un trabajador.
Parece ser que la regulación de la temporalidad va en la línea de reconducir ésta a supuestos tasados y razonables, evitando su exceso actual. Bien, sobre esto había y hay consenso general en los agentes sociales y en la sociedad española.
Sin embargo, a partir de lo expuesto, empiezan las concesiones a la burocracia sindical. Parece ser que se va a recuperar la ultra actividad ilimitada de los convenios, cuestión con poco basamento lógico pero que, sin duda alguna, concede un extra poder a los aparatos sindicales. Se han salido con la suya.
Y por último está la delicada e importantísima cuestión de la prevalencia entre los convenios de empresa y los convenios sectoriales. Estos últimos suponen entregar el poder -casi monopolístico- de la representación laboral en la negociación colectiva al enjambre de funcionarios sindicales, por lo que UGT y CC.OO. habían hecho “casus belli” de la cuestión. Pues bien, parece ser que la solución pactada es firmar un pretendido empate. Se da la prevalencia al convenio sectorial en los salarios, manteniendo a favor del convenio de empresa el resto de las materias, jornada y horario laboral como temas más significativos.
En definitiva, el Gobierno ha incumplido afortunadamente algunos de sus pactos y compromisos -no va a haber la prometida y cacareada derogación íntegra- y, al tiempo, regala la recuperación parcial del convenio sectorial a la burocracia sindical. Los sindicatos sacan un considerable rédito de su tancredismo ante los fracasos económicos del Gobierno. Yolanda Díaz podrá sacar pecho apuntándose el tanto del acuerdo logrado. Pero ¿y la CEOE? Sus dirigentes dirán que han salvado los muebles, otros pensamos que los líderes empresariales han jugado el partido a la defensiva, conformándose medrosamente desde el inicio con un empate. Es lo que tiene estar en la cúpula. Hasta los indultos a los golpistas te pueden parecer bien.
