Repsol ha comunicado que ha colaborado plenamente con la CNMC y ha negado «rotundamente» los hechos denunciados
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una investigación a las petroleras Repsol, Cepsa y BP por posibles prácticas anticompetitivas, tras recibir denuncias anónimas que consideran «abusivos» los descuentos que estas compañías hacen en los carburantes ante la escalada del precio de los combustibles.
Entre los días 28 de noviembre y 2 de diciembre, la CNMC envió a sus inspectores a las sedes de las tres grandes petroleras españolas «en el marco de una investigación abierta tras la presentación de varias denuncias», informaba el propio regulador en una nota. La investigación tiene carácter reservado y se ha centrado exclusivamente en las petroleras, dado el origen de las denuncias.
Fuentes de Cepsa han indicado que han puesto a disposición del organismo supervisor toda la información requerida con el «pleno convencimiento de la correcta actuación» de la compañía en materia de competencia.
Repsol también ha indicado, por su parte, que ha colaborado plenamente con la CNMC y ha negado «rotundamente» los hechos denunciados y «que cumple estrictamente con las normas de competencia”.
Esta petrolera fue la primera en anunciar descuentos adicionales, al de 20 céntimos por litro impuesto por el Gobierno, a través de sus distintos programas de fidelización. Más tarde, Cepsa siguió el mismo camino con otra rebaja de 10 céntimos para cualquier repostaje.
En caso de confirmarse la existencia de prácticas anticompetitivas en este mercado, podrían constituir una infracción de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia y 101 y 102 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, según ha señalado el organismo.
Las sanciones previstas por la infracción de estos artículos tienen carácter muy grave, con multas de hasta el 10% del volumen de negocio total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.
En cualquier caso, la CNMC advierte que “las inspecciones son un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas prácticas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las entidades”. Solo en caso de detectarse indicios de prácticas anticompetitivas se abriría un expediente sancionador.
