Los de Abascal sostienen que el texto del Gobierno ampara y legaliza la «okupación» de viviendas
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por VOX contra el real decreto de enero de este año que presta especial atención a grupos sociales vulnerables, al entender que supone amparar y legalizar la «okupación» de viviendas.
Se trata del decreto aprobado en Consejo de ministros el pasado 19 de enero, sobre consumidores particularmente expuestos a abusos, fraudes, estafas y engaños por técnicas de comercialización o de información.
En una de sus disposiciones, la norma amplía la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional a los casos inmersos en procedimientos penales, y modifica dos de los seis supuestos en los que no era posible esa suspensión.
La primera modificación de lo ya aprobado en diciembre se refería al artículo 1 bis, al añadir a la suspensión durante el estado de alarma del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional otros en los que el desahucio traiga causa de un procedimiento penal.
Asimismo, el decreto especificaba que no se podía suspender un lanzamiento o desahucio «cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas», en vez de «cuando la entrada o permanencia en el inmueble sea consecuencia de delito», que era su redacción inicial.
Ahora, el argumento de VOX para recurrir dicha norma es que se ha podido vulnerar el presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad establecido en el art. 86.1 de la Constitución.
Dicho artículo dice literalmente que «en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos».
En febrero de este año, el Partido Popular presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra este decreto, al entender que ampara y legaliza la «okupación» de viviendas.
