A juzgar por la descripción de unos y otros, su primer encuentro acabó en desencuentro. Y, de tener que apostar, yo apostaría porque el resultado obtenido en esta ocasión no será una excepción en la relación entre ambos.
Baso mi apuesta en la peculiar concepción que tiene Pedro Sánchez de la relación Gobierno-Oposición. Hace unos días, se auto interrogaba ¿Qué más tiene que ocurrir para que el PP apoye alguna medida del Gobierno? La respuesta es obvia: Que te avengas a pactarla con él. Pero no es esa su ruta. La pretensión de Sánchez es decidir unilateralmente las medidas a adoptar, hayan sido o no pactadas con sus socios, y exigir despues la adhesión del PP. En esas condiciones, su desencuentro con Núñez Feijóo -y con cualquier líder de la oposición- es inevitable.
Argumentaba la portavoz del Gobierno que el fiasco de la reunión se debía a la rigidez del nuevo líder del PP en su solicitud de rebajar los impuestos, opción rechazada por Pedro Sánchez. Sucede que lo solicitado por Feijóo consiste en aplicar en España la rebaja fiscal que se ha aplicado en Portugal, Francia, Italia, Alemania, Holanda …, de manera que es el Gobierno el que se aleja de la terapia aplicada por los países de nuestro entorno.
Además, ayer conocimos la encuesta realizada por GAD 3, cuyos resultados evidencian que tres de cuatro españoles anhelan también que en España se aplique lo aplicado en Europa y requerido por Feijóo. Quiere decirse que la negativa de Sánchez a reducir los impuestos es también contraria al sentir general de los españoles. Y aún más, según la citada encuesta, contradice incluso el deseo de la mayoría de los votantes del PSOE. Es difícil entender la cerrazón de Sánchez y de su Gobierno a realizar lo que necesita la economía española, lo que hacen nuestros vecinos, y lo que quieren los españoles.
Pero es que, a mayor abundamiento, no es que no nos bajen los impuestos, es que nos los están subiendo. En esta dirección, ayer conocimos el estudio realizado por la AIREF según el cual por cada punto porcentual de inflación, el Estado recauda 2.000 millones de euros, resultando además que esta subida pretendidamente encubierta de la exigencia fiscal afecta especialmente al bolsillo de las familias más necesitados, circunstancia que puede percibirse con facilidad observando lo sucedido con el mínimo personal exento del IRPF, según vamos a explicar.
Antes de sufrir una inflación del 7%, los primeros 5.550 euros de la renta de todo contribuyente estaba exento de pagar IRPF por ser considerado el importe mínimo de subsistencia. Lógicamente, tras la citada inflación, la cantidad necesaria para subsistir ha pasado a ser 5.900 €, pero el Gobierno no ha modificado el importe exento en el impuesto. Es decir, ahora nos está gravando 400 € de la cifra considerada mínima para la subsistencia. Como quiera que el número de declarantes del IRPF somos 21 millones, el Estado está gravando de manera ilegítima la friolera de 8.400 millones de euros que, aplicando como tipo medio un 25%, supone que el enriquecimiento injusto del Estado obtenido merced a no indexar el mínimo personal exento del IRPF supera los 2.000 millones de euros. Y cálculos similares pueden hacerse para la no actualización de las deducciones por maternidad, por guardería, por ascendientes o por descendientes.
Esta conducta del Gobierno resulta doblemente perversa. Lo es porque estrangula la economía de las familias y especialmente de las que tienen menos medios. Y lo es porque deslegitima a la Hacienda Pública ante la sociedad española. Que el Estado se enriquezca ilegítimamente a través de la inflación empobreciendo también de forma ilegítima a los contribuyentes es propio de un régimen bananero, en el cual el Fisco es todo y el individuo es nada. Pero como la sociedad española no es bananera, la conducta descrita acabará siendo perversa para el propio Gobierno, y este vaciado rastrero de nuestros bolsillos -por la puerta de atrás, sin aprobar norma alguna y aprovechándose de la inflación- terminará por pasarle la justa y adecuada factura. Al tiempo.
