Los dirigentes catalanes quieren la condena de España por vulneración del derecho a la intimidad, a la privacidad personal y al secreto de las comunicaciones
El expresidente de la Generalidad Quim Torra y el exvicepresidente primero del Parlament Josep Costa han anunciado este martes una demanda contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el Ejecutivo por el presunto espionaje político a través del sistema de ciberespionaje Pegasus.
Así lo han explicado en un comunicado conjunto, en el que han anunciado el inicio de un proceso para demandar a Sánchez, como «máximo representante y responsable de los servicios de inteligencia del Estado español», y también al Gobierno.
Ambos se han hecho eco del informe publicado por «los investigadores de CitizenLab», que han detectado «ocho infecciones con Pegasus» a Torra durante el año 2020 y otras cuatro infecciones a Costa en 2019.
Además de las «múltiples denuncias penales» en las que también participarán Torra y Costa, los dos exrepresentantes institucionales de JxCat han anunciado otras tres acciones. La primera es un requerimiento contra Sánchez y el Gobierno español para exigir el «cese de la vulneración de sus derechos fundamentales como víctimas del espionaje ilegal».
En segundo lugar, presentarán ante el Tribunal Supremo, en un plazo de diez días, una «demanda de protección de los derechos fundamentales» contra Sánchez y su Ejecutivo.
Por último, cuando se haya inadmitido o resuelto posteriormente un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, tienen previsto presentar una «demanda de vulneración de derechos fundamentales contra España ante el Tribunal de Estrasburgo».
Torra y Costa quieren que España sea «condenada» por la «vulneración de derechos fundamentales», como los derechos a la intimidad y la privacidad personal y familiar, al secreto de las comunicaciones y la protección de datos, los derechos a la libertad de opinión y expresión, los derechos a la libertad de asociación y reunión, los derechos de participación y representación políticas, así como los derechos de defensa y a un proceso equitativo.
Fuente: EFE.
