Diversas fuentes socialistas coinciden en que las prioridades del PSOE son la aprobación de los Presupuestos de 2023 y la Ley de Vivienda
El PSOE está negociando con Unidas Podemos y socios parlamentarios como ERC la reforma de la ley mordaza, con la intención de sacarla adelante en lo que queda de legislatura, aunque sus prioridades legislativas en estos momentos son los Presupuestos Generales del Estado de 2023 y la Ley de Vivienda.
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, conocida como ley mordaza, acumula cerca de tres años de espera para su aprobación definitiva en el pleno del Congreso ante la dificultad para llegar a un acuerdo entre el PSOE, Unidas Podemos y socios parlamentarios del Gobierno de coalición como ERC o EH Bildu.
Las negociaciones siguen con discreción entre los grupos interesados en sacar adelante la nueva norma, principalmente entre el PSOE y Unidas Podemos, según confirman distintas fuentes parlamentarias.
Sin embargo, mientras para Unidas Podemos la reforma de la ley mordaza es una de las grandes prioridades legislativas, en el PSOE le dan importancia pero no la sitúan entre las normas urgentes.
De hecho, diversas fuentes socialistas coinciden en que las prioridades del PSOE son la aprobación de los Presupuestos de 2023 y la Ley de Vivienda, que también es una norma prioritaria para sus socios del Gobierno de coalición.
Fuentes de ERC y de EH Bildu desconfían de que el PSOE tenga voluntad de aprobar la reforma de la ley mordaza en lo que queda de legislatura.
Y no van desencaminados, porque algunos diputados del PSOE reconocen que preferirían dejar de lado esta reforma y apostar por la aprobación de otras leyes con más rédito electoral.
Pese a ello, varias fuentes del grupo parlamentario socialista insisten en que las negociaciones siguen y aseguran que hay determinación para aprobar esta reforma, aunque prefieren no fijar plazos concretos.
Las devoluciones en caliente y el uso de material antidisturbios siguen siendo temas peliagudos que ya provocaron el pasado mes de febrero la interrupción de los trabajos en ponencia, que es el paso previo al debate y aprobación de la ley en el pleno.
Eso sí, aunque el debate sobre los detalles de la reforma continúa, el PSOE y Unidas Podemos lograron consensuar 40 enmiendas parciales al texto que presentaron de forma conjunta.
En el caso de la Ley de Vivienda, PSOE y Unidas Podemos se acusan mutuamente del retraso en la aprobación de la norma, que ya superó el escollo de la presentación de las enmiendas a la totalidad y está ahora pendiente del inicio de los trabajos en ponencia, fase previa para su debate y votación en el pleno.
Por el momento hay registradas alrededor de 900 enmiendas parciales, de las cuales más de medio centenar son de Unidas Podemos.
Un gesto que ha molestado a la parte socialista del Gobierno, según reconocen fuentes de la Ejecutiva Federal del PSOE, que señalan que «no tiene sentido que ahora se hayan metido enmiendas» cuando el texto de la ley se había consensuado «hasta la coma».
Fuentes socialistas aseguran que la aprobación de la Ley de Vivienda es una prioridad, tanto por la importancia del tema en sí como por la obligación de cumplir con Bruselas, al ser uno de los compromisos del plan de recuperación del Gobierno dotado con los fondos europeos Next Generation.
Pese a ello, el presidente del Gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez, no mencionó en su intervención del pasado lunes en el Congreso durante la reunión con los diputados y senadores socialistas ni la Ley de Vivienda ni la reforma de la ley mordaza entre las prioridades del nuevo curso político.
Sí que hizo hincapié en la aprobación de los presupuestos generales de 2023, que ya se están negociando con los socios parlamentarios del Gobierno mientras se perfilan detalles entre el PSOE y Unidas Podemos.
Fuentes del Gobierno esperan que los presupuestos lleguen al pleno del Congreso a finales de septiembre o principios de octubre y subrayan que hay «disposición» por parte de los grupos, aunque son conscientes de que no darán un «cheque en blanco».
El mayor punto de fricción que enfrenta al PSOE con Unidas Podemos y sus socios parlamentarios es el aumento del gasto en defensa, al que se comprometió el presidente, Pedro Sánchez, en la cumbre de la OTAN celebrada en junio en Madrid.
En la parte socialista del Gobierno señalan que lo importante es que el dinero que se destine finalmente a este aumento del gasto en defensa no «compita con otras partidas» de carácter social, algo que aseguran que está blindado al ser conceptos que forman parte del techo de gasto ya aprobado en el Consejo de Ministros.
Fuente: EFE
