Ataques de ansiedad y ‘shock’ son los estados más repetidos entre los afectados por una sanción de la que aseguran «nunca haber tenido constancia»
Un grupo de jóvenes se enfrenta a una multa de 60.001 euros, cada uno, por supuestamente participar en un botellón de unas 200 personas en una playa de Formentera durante el verano de 2021, cuando la isla aún mantenía restricciones por la pandemia.
Entre los sancionados se encuentra un grupo de chicas naturales de Sevilla, que en declaraciones a El Liberal han querido explicar su versión. Cuentan que, un año y dos meses después de visitar las islas Pitiusas y de ser identificadas por la policía como una medida de «control» habitual en la isla por el turismo, han recibido ahora una sanción del Gobierno balear que consideran «arbitraria» y que tiene «fines recaudatorios».
Los hechos ocurrieron a la salida del conocido restaurante Beso Beach, situado a pie de playa. Consideran que lejos de facilitar la situación, las restricciones impuestas en aquel momento en la hostelería dificultaban el cumplimiento de las medidas anti-covid obligando a los clientes a abandonar en masa el local a la hora del cierre. «Desalojaron a todo el mundo rápidamente y es entonces cuando se formó una aglomeración de gente en la puerta del establecimiento. La policía nos pidió la documentación de camino al parking argumentando una medida de control».
Las autoridades policiales acusan a estas jóvenes de participar en un «botellón de más de 200 personas, sin respetar distancias de seguridad, sin hacer uso de mascarillas, fumando, bebiendo, cantando y bailando sin cumplir la normativa COVID vigente en la playa de Es Cavall d’En Borrás en Formentera». De la misma forma, les ofrecen la posibilidad de reducir la multa a 36.000 euros por pronto pago.
Por su parte, las chicas cuentan que «nunca tuvieron constancia» de haber sido sancionadas ya que los agentes no les informaron explícitamente al respecto al tomarles los datos. En esta misma situación se encuentran otros numerosos jóvenes que se encontraban allí. Las jóvenes apuntan a que se trata de una medida desproporcionada ya que con sus salarios «tendrían que pasar 30 años para poder pagar esa multa«.
Las chicas denuncian que la propia presidenta de la comunidad balear, la socialista Francina Armengol, se saltó sus propias restricciones hasta en dos ocasiones y «no pasó nada». Además, el expediente sancionador de la presidenta «se perdió mágicamente», critican.
También se quejan de la complejidad para comprender los términos legales expresados en la multa ya que está escrita en mallorquín y han tenido que recurrir a un traductor. Asimismo, afirman haber intentado contactar con el Gobierno balear sin éxito.
Ataques de ansiedad y ‘shock’ son los estados más repetidos entre los afectados al recibir la notificación, «una multa que podría ser la entrada para comprar una vivienda, algo que resulta casi imposible para nuestra generación», señalan. A pesar de confiar en su inocencia, aseguran que de momento ya se han gastado casi 1.500 euros en abogados.
