Los tribunales valencianos han comenzado a revocar algunas de las restricciones impuestas por Puig en la Comunidad
El Gobierno de Puig mantiene sus restricciones – las más duras de todo el país- a pesar de que la Comunidad Valenciana lleva un mes consecutivo en situación de riesgo bajo.
El Ejecutivo, formado por PSV-PSOE, Compromís y Podemos, quiere prorrogar algunas de las medidas más allá del 9 de mayo, día en que decae el estado de alarma.
Esta jueves, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha emitido una resolución a favor de los bingos y salones de juego, hasta el momento cerrados, ya que los magistrados no creen que reabrir estos negocios, mientras se cumplan todas las condiciones y restricciones sanitarias «vaya a producir una perturbación grave de los intereses generales».
La Sala no encuentra en la resolución «justificación ni motivación suficiente para mantener la medida del cierre» con la situación actual de riesgo bajo de transmisión de coronavirus.
La resolución sienta un precedente para nuevos sectores, como el de la hostelería, obligado a cerrar sus negocios a las seis de la tarde, o el ocio nocturno, cuya actividad está paralizada de facto, que quieran presentar sus propias reclamaciones ante la Justicia valenciana.
En las calles, la presión contra la Generalidad por estas restricciones. Ante este escenario, la Generalidad evaluará el próximo jueves los datos epidemiológicos y decidirá si rebajar o no las restricciones a partir del 25 de abril. El presidente, Ximo Puig, ya ha advertido de que «no se tomarán decisiones imprudentes». Desde el Ejecutivo autonómico no tienen previsto revisar el cierre perimetral ni el toque de queda hasta el 4 de mayo, cinco días antes de que decaiga el estado de alarma en España.
