Cuando todos los demócratas estamos condenado la criminal invasión de Ucrania por parte del autócrata ruso, con el informe de sus expertos el Gobierno español ha avisado -como también hizo Putin- con la futura invasión de nuestros bolsillos. Putin cumplió su amenaza, y el gobierno formado por socialistas y comunistas también lo hará salvo que … la respuesta de la sociedad española se lo impida.
La lectura -de momento, en diagonal- del informe de los expertos de cámara designados por la Ministra de Hacienda estremece por lo abrasivo de su contenido. Recomienda que aumenta la tributación en el IRPF, en el IVA, en el Impuesto sobre Sociedades y en los Impuestos Especiales, los custro grandes impuestos estatales. A su vez, mediante la llamada “armonización”, propone reducir la capacidad de las Comunidades Autónomas para aliviar a sus residentes de la carga fiscal que suponen el Impuesto sobre el Patrimonio y del Impuesto sobre Sucesiones.
Como las recomendaciones que debían hacer los expertos les fueron indicadas al constituirse el comité, es evidente que el contenido del informa constituye el modelo fiscal que nos quiere imponer el Gobierno de Pedro Sánchez. Se trata de un modelo punitivo antes que impositivo. Valga un ejemplo: Que por solo dos impuestos IRPF y Patrimonio-, el Estado nos pueda detraer el 70% de nuestros ingresos constituye un atropello que, además, quiebra el principio internacional sobre los límites a la imposición, asentado en la célebre sentencia del Tribunal Constitucional alemán.
Pero es que todo el contenido del informa rezuma una fiscolfilia preocupante. Se comprueba que sus autores intelectuales, Pedro Sánchez y la Ministra Montero, son el prototipo de políticos que solo saben gobernar empobreciendo a los individuos con más y más impuestos. Por tanto, de los que se debe desconfiar según el consejo de Gandhi (me refiero a Indira, no al mahatma).
En lo que se refiere a la justificación del rejonazo fiscal que proponen, los expertos recurren a la comparación internacional cuando les conviene (por ejemplo, en la denominada fiscalidad medioambiental), y la obvian cuando no resulta de su conveniencia (por ejemplo, en los impuestos sobre Sucesiones y sobre el Patrimonio). Justifican sus propuestas en base a la presión fiscal existente en España en 2.019, cuando la de 2.020 fue mayor, y la de 2.021 aumentó aún más, siendo impropio este uso de datos obsoletos. Pero claro, tienen que justificar como sea lo que les han ordenado que deben dejar justificado.
Eso sí, las elecciones generales son el año que viene y probablemente, el Gobierno querrá posponer buena parte de las nuevas subidas fiscales – o todas- hasta después de celebrarlas. Hasta en eso han sido domésticos los expertos: advierten que con la actual situación internacional (invasión criminal de Putin), la graduación del calendario para aplicar sus reformas corresponde al Gobierno. Primero, las elecciones de 2.023, después, entrar a saco en Kiev (perdón, en nuestro bolsillo) y saquearnos con la coartada pretendidamente técnica que les han servido los expertos nombrados para servirla.
Acabando como empezamos, solo de la sociedad española depende que el crimen fiscal anunciado por el comité de expertos acabe siendo perpetrando por el Gobierno o que, por el contrario, se quede en una mera tentativa de homicidio. Quiera Dios que ni Putin se acaba quedando con Ucrania ni el Gobierno Sánchez pueda aumentar lo que ya nos arrebata del fruto de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo.
