La posibilidad de que los vocales conservadores del CGPJ bloqueen la elección de los dos magistrados que le corresponden antes del 13 de septiembre todavía no está descartada
El eterno bloqueo del CGPJ y el previsible cambio de mayorías en el TC, que revisará la agenda social del Gobierno de Sánchez además del polémico recurso del aborto, acaparan la atención del nuevo curso judicial que arrancará con la sentencia de los ERE y la petición de indulto del socialista Griñán.
La política copa el protagonismo del arranque del año judicial y relega a un segundo plano a los juicios y procedimientos que están en curso, habida cuenta de la crisis institucional que afecta al Consejo General del Poder Judicial, bloqueado desde hace casi cuatro años y con la hipótesis cada vez más cercana de que se agote la legislatura sin alcanzar el ansiado acuerdo entre el PSOE y el PP, ya que las negociaciones, hoy, son inexistentes.
Este escenario condiciona aun más la precaria situación del Tribunal Supremo, que alerta de colapsar en caso de no cubrir las vacantes de jueces pendientes -más de 14– como ha advertido sin éxito en varias ocasiones su presidente Carlos Lesmes, quien esta semana aborda, además, un complicado Pleno en el Consejo del que depende la futura renovación del Tribunal Constitucional.
La sentencia de los ERE y el indulto de Griñán
Precisamente el Supremo abrirá el curso con la sentencia más esperada del año. Pese a que el alto tribunal ya avanzó el fallo que confirma la condena de 6 años de cárcel al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, y de 9 de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, por el caso de los ERE, hay interés por conocer el contenido de la sentencia y de los dos votos particulares anunciados.
Esto es así porque dos magistradas abogaron por estimar parcialmente el recurso de Griñán, a quien, a su juicio, se tendría que haber absuelto del delito continuado de malversación, revocando así su condena a prisión, que el expresidente pretende esquivar solicitando el indulto al Gobierno, de su mismo color político.
Si se cumplen los plazos legales, su indulto se resolverá a escasos meses de las elecciones generales, una circunstancia que planeará sobre este asunto, pero antes el Supremo zanjará los indultos de los condenados por el procés, que podría comportar la vuelta de los líderes independentistas a prisión si el alto tribunal revoca la medida de gracia del Ejecutivo, tras el cambio de mayoría en la Sala que en su momento los avaló.
Del procés colea la causa contra la exdiputada catalana Anna Gabriel, que comparece el 14 de septiembre tras casi cuatro años huida; y ante todo el conjunto de decisiones pendientes contra el expresidente Carles Puigdemont en la justicia europea, a la que no quita ojo el instructor del Supremo, Pablo Llarena, a la espera de que cualquier movimiento acerque más al político fugado a rendir cuentas ante la Justicia española, que lo reclama.
Un TC progresista para revisar la agenda social de Sánchez
La carpeta del procés sí parece cerrada en el Constitucional, cuya agenda marcará el paso del curso político, pues tiene pendiente los recursos contra las leyes más sociales de Sánchez, como la eutanasia, la ley Celáa y el Ingreso Mínimo Vital, con el expediente del aborto en el horizonte sin fecha para resolverlo -lleva 12 años en el cajón-, más aún cuando este año habrá cambio de presidencia.
Esto será así siempre y cuando los vocales conservadores del CGPJ no bloqueen la elección de los dos magistrados que le corresponden antes del 13 de septiembre, que junto a los dos nombrados por el Gobierno propiciarán un cambio de mayorías en el tribunal, en favor de los progresistas tras años de mayoría conservadora.
Otros asuntos de calado a resolver por el TC son las fórmulas de acatamiento de varios diputados en esta legislatura, la ley de la Infancia, los recursos contra la reforma que limitó los nombramientos del CGPJ y la posible devolución de su escaño al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez.
Kitchen y el futuro judicial de tres expresidentes de Madrid
La Audiencia Nacional arrancará el año judicial retomando este lunes el juicio contra el excomisario José Villarejo, quien confirmó esta semana que asistirá a la vista oral tras pasar un examen médico por orden del tribunal después de que alegase en junio que había sufrido un accidente cerebrovascular.
Entre tanto, el juez Manuel García Castellón seguirá buceando en los numerosos encargos que se investigan en este procedimiento, como Kitchen, una presunta trama parapolicial de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, donde están procesados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su exnúmero dos Francisco Martínez.
El magistrado debe decidir si incorpora los audios que salieron a la luz en mayo de conversaciones entre Villarejo y la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que quedó fuera de la investigación.
Y no será la única decisión que adopte este mismo juez respecto a ex altos cargos del Partido Popular. Encima de su mesa tiene desde julio el informe de la Fiscalía que pide sacar a los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González de la rama del caso Púnica sobre la presunta financiación irregular del partido regional.
El presunto espionaje con Pegasus a miembros del Gobierno, la tragedia del hundimiento del Villa de Pitanxo, las investigaciones a exjefes de ETA por atentados de la banda o el procedimiento recién abierto al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero son otras de las causas que se seguirán investigando el próximo otoño en este tribunal, que ya en enero tiene previsto juzgar al expresidente valenciano Francisco Camps por el caso Gürtel.
Fuente: EFE
