Mientras, tres asociaciones de magistrados han pedido la dimisión de la ministra Irene Montero por sus palabras hacia el Poder Judicial
La asociación Juezas y Jueces para la Democracia considera «muy desafortunadas e inapropiadas» las declaraciones de Igualdad que atribuyen a «interpretaciones machistas» de los jueces la rebaja de las penas en aplicación de la ley del ‘solo sí es sí’.
Esta asociación, de la que fue portavoz la actual delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, considera que el hecho de que el Ministerio de Igualdad no haya previsto esa consecuencia «no justifica que se arremeta contra los jueces/zas tachando sus decisiones como ‘justicia machista’ o considerando que se trata de una aplicación defectuosa de la ley».
«La reforma de las penas con las que se castigan algunos delitos conlleva la necesidad de revisar sentencias por exigencia de principios constitucionales, tal y como el propio CGPJ ya advirtió en el preceptivo informe que antecedió a la aprobación de esa Ley Orgánica», indica la asociación progresista de jueces en un comunicado.
Para esta asociación, las manifestaciones de Igualdad «además de desafortunadas e injustas, cuestionan la credibilidad del sistema que tiene por objeto la protección de víctimas de los delitos sexuales y obstaculizan la necesaria confianza que en el mismo se debe promover».
Cabe recordar que la ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró este miércoles que la rebaja en las penas a algunos condenados por delitos sexuales, tras las aprobación de la ley del ‘solo sí es sí’, se debe a que hay jueces que «no están cumpliendo con la ley» por «machismo» y abogó por reforzar la formación en igualdad en el sistema judicial.
Tres asociaciones de jueces piden la dimisión de Montero
Mientras, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente han pedido la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, por sus ataques y descalificaciones a los jueces con ocasión del proceso de revisión de condenas por delitos contra la libertad sexual como consecuencia de la entrada en vigor de la ley del sí es sí.
En un comunicado, la asociación mayoritaria en la carrera judicial expresa su «más enérgico rechazo» a las declaraciones de Irene Montero y otros responsables políticos. «En un Estado de derecho es perfectamente admisible la crítica a las resoluciones judiciales aunque sería recomendable que si tales críticas provienen de otro poder del Estado se produjeran dentro de la ponderación y la prudencia que demandan las más elementales normas de respeto institucional», señala la APM.
Añade que «la acusación de que existe un prejuicio generalizado en el poder judicial contra las mujeres, además de carecer del más mínimo rigor y sustento real, resulta ofensiva y produce una alarma innecesaria y devastadora en la confianza de quienes son o han sido víctimas de estos delitos, devaluando los estándares de calidad democrática que en toda la UE reclama el valor Estado de derecho».
«Los jueces y juezas en España estamos firmemente comprometidos con la protección de las víctimas y de igual modo con las garantías de quienes están sometidos a un proceso penal», asegura la APM.
Fuente: EFE.
