Tras la reciente reunión de la “mesa de diálogo entre España y Cataluña” -es la tercera- las principales conclusiones a las que se llegaron, tal como las resumió Salvador Illa en rueda de prensa al salir, fueron dos, a saber: “Desjudicializar el conflicto” e impulsar, aún más, el uso del catalán (comprometiéndose el gobierno a pedir que se pueda utilizar en la Eurocámara). Con el primer acuerdo se busca, naturalmente, la impunidad de la acción sediciosa separatista (responsable del golpe del 1 de octubre de 2017), para que el nacional-regionalismo siga pudiendo actuar en España como ese “viejo topo” del que hablaba Marx, horadando el cuerpo social español, a base de su división interna. Con el segundo acuerdo, ligado a este primero, se busca consagrar el instrumento más expeditivo para lograr la separación, que es el impulso al uso oficial de una lengua regional y, por tanto, no común al conjunto de la nación española. Y es que la lengua no solamente sirve para unir a los hombres, sino también para separarlos, para babelizarlos, como quiere el separatismo. Así, elegir una lengua como “seña de identidad” que no sea entendida por los demás españoles no tiene otro alcance que el de volverse de espaldas a éstos, es decir, levantar una muralla aún más infranqueable de lo que pudiera ser un muro berlinés.
La lengua española, común a toda España, ha penetrado y sigue penetrando en todo ámbito social español, y es esto, precisamente, este hecho sociolingüístico, lo que se trata de frenar desde aquellas facciones e instituciones que buscan el reconocimiento de la nación fraccionaria correspondiente (catalana, vasca, gallega). Obstaculizar la penetración del español en determinadas partes del tejido social español es el modo más efectivo de romper ese tejido común, por ejemplo, impidiendo a muchos españoles el acceso al mercado laboral en determinadas regiones al exigir, como se hace, el conocimiento de una lengua regional.
Una obstaculización paulatina (es el llamado proceso de “normalización lingüística”) cuyo objetivo último, ya claramente explicitado, es la completa erradicación del uso del español en esas regiones, primero en los organismos oficiales autonómicos y municipales (desde la escuela a la administración, pasando por la señalización del tráfico, topónimos, onomástica, etc.), para a continuación conseguir su erradicación de cualquier ámbito social (empresarial, mercantil, sanitario, cultural, escolar, etc.). En el pasado mes de julio hemos visto cómo la Generalidad de Cataluña emitía una orden, de cara al inicio del próximo curso escolar, con la que se trata de excluir el uso del español en el ámbito escolar, y que la lengua catalana sea “de uso habitual de todos los espacios del centro” (dando por supuesto que el español no es una lengua catalana).
Un proceso que tendría su equivalente, en otros países, al de no poder estudiar en algunas partes de Inglaterra en inglés, o que en Francia la administración pública no se dirija al ciudadano en francés. ¿Acaso no sería sorprendente el que en Alemania la propia administración pusiese trabas para escolarizar a un hijo en alemán, o directamente lo impidiese?; es más, ¿no sería ya delirante el que en Italia se penalizase a un comerciante por rotular su negocio en italiano y no hacerlo en francés (que es oficial en el Valle de Aosta)?; ¿acaso se podría uno imaginar que en Alemania las autoridades del Lander de Baviera manifestasen que el alemán es una lengua impuesta, y obligasen a un emigrante español a estudiar bávaro antes de poder acceder allí a un puesto de trabajo?
Dos consecuencias evidentes se derivan de esta política lingüística: la imposibilidad de desenvolverse con normalidad (igualdad de oportunidades) en determinadas partes de España haciendo uso del español (siendo el hispanohablante discriminado desde un punto de vista laboral, administrativo, escolar, etc); y, además, lo que aún es peor si cabe, la imposibilidad de adquirir una formación académica en español para la población que habita en tales regiones (Cataluña, Galicia, País Vasco, etc), impidiendo a muchos españoles el acceso a un uso competente de un idioma de rango universal, con todo lo que ello implica, de tal manera que actualmente a varias generaciones de españoles (y también de extranjeros residentes en España) se les está amputando la posibilidad de desarrollar su formación en un idioma universal, que, además, es oficial en su región y común a toda España.
Y es que ya había advertido Unamuno, con cierta ingenuidad, a propósito de la “bilingüidad oficial” que trató de instaurar la Segunda República, a partir de la constitución de 1931: “La bilingüidad oficial sería un disparate; un disparate la obligatoriedad de la enseñanza del vascuence en el País vasco, en el que ya la mayoría habla español. Ni en Irlanda libre se les ha ocurrido cosa análoga. Y aunque el catalán sea una lengua de cultura, con una rica literatura y uso cancilleresco hasta el siglo xv, y que enmudeció en tal respecto en los siglos XVI, XVII Y XVIII, para renacer, algo artificialmente, en el XIX, sería mantener una especie de esclavitud mental el mantener al campesino pirenaico catalán en el desconocimiento del español -lengua internacional-, y sería una pretensión absurda la de pretender que todo español no catalán que vaya a ejercer cargo público en Cataluña tuviera que servirse del idioma catalán, mejor o peor unificado, pues el catalán, como el vascuence, es un conglomerado de dialectos. La bilingüidad oficial no va a ser posible en una nación como España, ya federada por siglos de convivencia histórica de sus distintos pueblos. Y en otros respectos que no los de la lengua, la desasimilación sería otro desastre. Eso de que Cataluña, Vasconia, Galicia, hayan sido oprimidas por el Estado español no es más que un desatino” (Unamuno, La Promesa de España, El Sol, 14 de mayo de 1931).
Pues el desatino avanza imparable, gracias al PSOE y a Podemos, que, con esa nueva “mesa de diálogo”, y por un puñado de votos, han negociado la impunidad de la acción sediciosa separatista y han respaldado, siguen haciéndolo, la babelización de España. Babelización que no es otra cosa que división.
Cuando en un país como es España se comprende la separación como un derecho y la unidad como una imposición, su descomposición -la descomposición del país- es cosa de tiempo. Y no mucho tiempo.
