Todo, absolutamente todo lo que rodea al grave caso de corrupción perpetrada durante varios años desde la Junta de Andalucía cuando gobernaban los socialistas, constituye un motivo de escándalo, de espectacular escándalo.
Es un escándalo que se utilizara el poder de un Gobierno autonómico para planificar, diseñar y ejecutar de modo reiterativo un mecanismo de corrupción sistematizada que posibilitaba -posibilitó- el desvío de un volumen más que significativo de recursos públicos que, en vez de dirigirse al que tendría que haber sido su destino, terminó en los bolsillos de un número significativo de dirigentes del Partido Socialista, de la UGT y de la Junta de Andalucía.
Es un escándalo que, estando en plena ebullición el saqueo de las arcas públicas, no se atendiera a los numerosos informes elaborados por el Interventor General de la Junta que alertaban de la ilegalidad del procedimiento empleado y de los riesgos de desviación indebida del dinero público que suponía.
Es un escándalo que, detectada ya la corrupción e iniciada la investigación judicial por parte de la jueza Mercedes Alaya, varios prohombres socialistas se dedicaran a descalificar a la investigadora y a dificultar el avance del proceso judicial.
Es un escándalo que, conocida la condena hecha pública por el Tribunal Supremo hace unas semanas, dirigentes socialistas y varios de sus mariachis se dedicaran a cuestionar el fallo -tan solo en lo que afecta a la comisión por Griñán del delito de malversación- esgrimiendo como motivo del cuestionamiento la existencia de dos votos particulares. Como si éstos restaran un ápice al valor de cosa juzgada que tiene el fallo del Alto Tribunal.
Es un escándalo que también cuestionen el fallo condenatorio en base a que Griñán no se enriqueció personalmente. Como si en el Código Penal no estuviera tipificado como delito de malversación el perjuicio provocado a las arcas públicas ilegal y conscientemente, aunque no exista enriquecimiento personal del que comete el delito. En todo caso, con el delito que cometió si se enriquecieron sus compañeros de partido, gobierno y sindicato.
Es un escándalo que cuestionen también el fallo porque el Tribunal haya recurrido a la prueba indiciaria o por indicios para considerar acreditado que Griñán estaba al tanto de lo que se estaba haciendo y de su carácter radicalmente ilegal. Como si la prueba por indicios no estuviera admitido en nuestro Derecho y como si no hubiera un amplio número de españoles condenados mediante pruebas indiciarias. Eso sí, no habían sido presidentes del Partido Socialista.
Y, en función de todo lo expuesto hasta ahora, constituiría un auténtico escándalo que el Gobierno indultara -total o parcialmente- a Griñán. Un indulto que no tendría más base que salvar a «uno de los nuestros». Lamentablemente, todo parece indicar que el Gobierno anda cocinándolo. Si así lo hiciera, los autores de la fechoría y el partido al que pertenecen deberían arrastrar de por vida la vergüenza pública de haber utilizado las funciones públicas de las que disponen en beneficio particular de «uno de los suyos».
