La conjunción de una deficiente recuperación económica post pandemia, el conflicto bélico provocado por la invasión rusa de Ucrania y la crisis interna del sector de transporte están provocando lo evidente: una tormenta perfecta que está situando a la economía española en condiciones próximas a lo que es una economía de guerra.
Los síntomas son por todos conocidos: la inflación desbocada y sin previsiones de contención; la actividad económica en proceso de ralentización con riesgo incluso de recesión; el coste energético por las nubes desde hace ya demasiado tiempo; los transportistas en pie de guerra por los resultados negativos de su explotación debido al disparatado coste del combustible; los mercados estrangulados; el riesgo de un desabastecimiento de productos básicos a la vuelta de la esquina…
Una situación como la actual requiere decisiones rápidas y acertadas pero, desgraciadamente, ni una ni otra característica se encuentran en la acción del Gobierno español. Vaya como ejemplo su actuación en la cuestión del precio disparado de los hidrocarburos. Cuando ya otros países han optado habían optado por reducir su carga fiscal o, alternativamente, por subvencionar su consumo, Pedro Sánchez se presentó a la Conferencia de Presidentes del pasado día 13 sin ninguna propuesta al efecto. Cuando el clamor general y Núñez Feijó en particular le requirieron que actuase, el presidente del Gobierno improvisó en la Conferencia de Presidente como promesa que en el Consejo de Ministros del 29 de marzo se reduciría la fiscalidad sobre los combustibles. ¿Por qué esperar 16 días para adoptar una decisión que urge? Ni se entiende ni se explica.
Menos aún resulta entendible si se considera que en lo que fue de enero a noviembre de 2.021 La Administración Central (excluidas las Comunidades Autónomas) ha recaudado 1.600 millones de euros más que en igual periodo del año precedente (de 1.900 a 3.500, un aumento del 80%) ¿Por qué esperar 16 días para atender una cuestión de primerísima urgencia? ¿Por qué no se convocó inmediatamente un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la rebaja anunciada? Sin duda, la inexplicable demora ha encendido la mecha del conflicto de los transportistas con las consecuencias ya conocidas y con las que están por venir.
Parece ser que, en estos momentos, el Gobierno duda si rebajar la fiscalidad de los hidrocarburos o aplicar un sistema de ayudas discrecionales. Esta segunda opción es más lenta de ejecución y de resultados más inciertos ¿Por qué la duda tras el anuncio y/o promesa? Definitivamente, nuestro Gobierno no está a la altura que existen las dramáticas circunstancias del momento. Ni aplica las ayudas, generales y selectivas, que requiere la actual situación económica, ni aplica la inevitable reducción de gastos de gastos públicos superfluos con la que financiar lo anterior.
¿A qué se espera para revertir los aumentos presupuestarios aprobados para 2.022 que son susceptibles de revertirse? ¿A qué se espera para reducir el ingente gasto en publicidad y propaganda oficiales? ¿A qué se espera para reducir el ingente volumen de subvenciones descontroladas? En este último punto, bueno es recordar que siendo presidente de la AIREF (Autoridad Fiscal Independiente) el hoy ministro Escrivá, una investigación realizad por el organismo puso de manifiesto que anualmente se concedían en España subvenciones por 14.000 millones de euros en las que existía el mínimo control exigible ni sobre el cumplimiento de las condiciones para acceder a ellas, ni sobre la realización posterior de las actividades que habían sido subvencionadas. Sin duda, existe un holgado colchón para extraer los recursos necesarios para financiar las decisiones económicas de cuasi guerra que hoy se precisan. Pero si se siguen dejando las decisiones hasta cualquier día 29…
