martes, febrero 27, 2024
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El TSJC da 15 días a la Generalidad de Cataluña para cumplir con el 25% de castellano en los centros educativos

El alto tribunal catalán argumenta que la Generalidad no está cumpliendo con la sentencia dictada del 16 de diciembre de 2020, por lo que requiere su ejecución «forzosa»

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Generalidad cumplir de «inmediato» la sentencia para implantar el 25% de castellano en todos los centros educativos, y da un plazo máximo de 15 días al Departamento de Educación para que dicte las instrucciones oportunas y establezca las garantías de control para su ejecución «forzosa».

En un auto, la sección 5ª de la sala contencioso-administrativo del TSJC da este plazo máximo a la Generalidad de 15 días para que todos los alumnos «reciban de manera efectiva e inmediata» la educación mediante la utilización vehicular «normal» de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que «no pueden ser inferiores al 2% en uno y otro caso».

«La elección del medio para garantizar el resultado» que establece la sentencia es «facultad» de la Generalidad, pero «lo que no está en su libertad es no actuar y permitir una situación contraria al mandato constitucional«, sostiene el auto.

El alto tribunal catalán, en su auto, argumenta de esta manera que la Generalidad no está cumpliendo con la sentencia dictada por esta misma sala del 16 de diciembre de 2020, y que fue firme el 20 de enero de 2022, por lo que requiere su ejecución «forzosa».

«La sala contencioso-administrativo ordena ejecutar la sentencia del 25% de enseñanza en castellano en el sistema educativo en Cataluña».

En el grueso de la sentencia, incide el TSJC, se reconoce la libertad de la Generalidad para determinar los medios que considere oportunos para hacer efectivo el uso vehicular de las lenguas oficiales, porque «lo determinante» no es el «medio sino el resultado».

La sala contencioso-administrativo constata así que las iniciativas desplegadas por la Generalidad «no tienen un resultado concreto que se proyecte en estos momentos en la actividad de los centros escolares», por lo que se ha dado una situación de no ejecución de la sentencia, una vez finalizado el plazo del que disponía el Gobierno catalán.

El auto requiere además a la Alta Inspección Educativa, a los efectos de verificar el cumplimiento de esta resolución judicial, las actuaciones impulsadas para el cumplimiento de la sentencia en el conjunto del sistema educativo, informando al tribunal de las medidas desplegadas y de la situación constatada a la finalización del plazo de ejecución señalado, detallando el grado de cumplimiento de las mismas.

Además de este requerimiento para que los alumnos reciban de «manera efectiva e inmediata» la educación mediante la utilización vehicular de las dos lenguas oficiales, el TSJC establece que se debe incluir como mínimo la docencia de la misma lengua y la de otra asignatura o materia de carácter troncal o análogo.

Con estas directrices y el plazo de quince días, el TSJC ha estimado parcialmente la solicitud de la entidad Asamblea para la Escuela Bilingüe, resolución judicial que ha contado con un voto particular de dos de los magistrados de la sala. 

La Generalidad recurrirá al ultimátum del TSJC

En una comparecencia convocada de urgencia, el consejero de Educación, Josep González Cambray, ha calificado de «aberrante» el auto, pues considera que el TSJC se «extralimita de sus funciones».

El consejero ha anunciado que los servicios jurídicos van a presentar un recurso contra el auto y ha aprovechado para pedir «el máximo consenso político, social y pedagógico» para defender el modelo de escuela catalana, asegurando que el próximo curso «habrá más catalán en las escuelas del que hay ahora».

Cambray ha destacado que la resolución judicial ha contado con un voto particular de dos de los magistrados de la sala, lo que a su juicio refleja que la decisión «no tiene razón jurídica».

El consejero también ha cuestionado la legitimidad de la entidad Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), la asociación que ha impulsado los procesos judiciales contra la inmersión lingüística.

Desde los partidos políticos, ERC y PSC han reprochado a JxCat de nuevo que se descolgara del preacuerdo -del que también participaron los comunes- para reformar la ley de Política Lingüística, que estaba pensado para poder canalizar la sentencia del 25% de enseñanza en castellano sin desmontar el modelo de escuela catalana.

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha pedido a JxCat que sus «disputas internas» no «hipotequen» la defensa del catalán y la inmersión lingüística en la escuela, ya que ha advertido de que es «imprescindible y urgente» hacer frente a las «injerencias judiciales».

Por su parte, la diputada del PSC Esther Niubó ha acusado a JxCat de haber antepuesto sus intereses particulares al pacto para modificar la ley de Política Lingüística, unos cambios que desde el sindicato CC. OO. han pedido ahora acelerar.

Fuente: EFE

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