La reforma ha salido adelante de forma recortada tras el veto del Tribunal Constitucional a las enmiendas relacionadas con los cambios en el CGPJ y el mismo TC
El Pleno del Senado ha aprobado este jueves la derogación de la sedición y la rebaja de penas para la malversación, una controvertida reforma que ve la luz de forma definitiva, ya que la mayoría parlamentaria no ha aceptado enmiendas.
Tras fracasar el último intento del Senado para que el Constitucional aceptara que se tramitaran también las disposiciones con las que se quería facilitar la renovación del propio tribunal, la Cámara Alta ha dado luz verde a la proposición de ley recortada.
Los grupos de la coalición de gobierno y sus aliados han avanzado ya su intención de recuperar esa reforma en otra proposición de ley para poder sustituir a los cuatro magistrados del Constitucional que tienen el mandato caducado y que siguen en sus puestos por el bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial, encargado de nombrar a dos de ellos.
La reforma que sí ha llegado este jueves al pleno afecta de lleno a los dos delitos por los que fueron condenados los líderes del procés y beneficiará a los dirigentes independentistas aún pendientes de juicio.
La sedición desaparece, para convertirse en uno agravado de desórdenes públicos, y la pena máxima de 15 años pasa a ser de 5. Mientras, el castigo máximo para la malversación sin ánimo de lucro se rebajará a 4 años, cuando ahora se pueden imponer hasta 8 años y se puede llegar a los 12 si la cantidad malversada supera los 250.000 euros.
El debate, en el que durante más de cuatro horas se han sucedido desde el tribunal del hemiciclo 29 discursos para no cambiar nada, como se preveía antes de su inicio, ha tenido lugar mientras, a unos centenares de metros, en el Teatro Real, se celebraba el mediático sorteo de la Lotería de Navidad.
Una coincidencia no casual, según la oposición, que ha centrado sus intervenciones en una reforma tramitada en la Cámara Alta en solo una semana, que afecta a los dos delitos por los que fueron condenados los dirigentes del 1-O y que, han asegurado, pone en riesgo la integridad de España y beneficiará a los corruptos.
Pero la mayoría parlamentaria se ha unido para criticar al PP, al que se ha acusado de cercenar los derechos de los parlamentarios al acudir al Constitucional y de intentar conseguir en los tribunales lo que no lograron en las urnas, mientras bloquea el Consejo General del Poder Judicial y el tribunal de garantías.
«Bloquear las instituciones es incumplir la Constitución, es romper el espíritu de la Transición, es acabar con el entendimiento y el diálogo», ha espetado a los populares el portavoz socialista, José María Oleaga.
Ha admitido que hay dudas en la sociedad ante la reforma, pero ha garantizado que se disiparán cuando se pueda analizar con perspectiva. «Cuando miremos hacia atrás, nadie revindicará el inmovilismo de Mariano Rajoy, todos apreciarán que la convivencia en Cataluña ha mejorado», ha manifestado.
«Sánchez paga el precio al independentismo por permanecer en Moncloa«, ha denunciado a través de Twitter el líder el PP, Alberto Núñez Feijóo, tras votar en el pleno.
Ha sido el portavoz parlamentario, Javier Maroto, quien ha apelado sin éxito a los socialistas a romper la disciplina de voto y ha asegurado que el PP denunciará todos los días hasta el final de la legislatura «la traición de Sánchez a sus promesas, a sus votantes y a España».
Maroto, que ha tildado al presidente del Gobierno de «mentiroso cobarde», se ha mostrado convencido de que finalmente habrá consulta en Cataluña y que por ello el Ejecutivo quiere colocar al frente del Constitucional al magistrado Cándido Conde-Pumpido, para que ese tribunal «no sea obstáculo».
Entre los apoyos a la proposición de ley se han contado los votos de ERC, que ha celebrado los «frutos» de la mesa de diálogo para desjudicializar el conflicto, y del PNV, que ha advertido de que el único beneficiario del choque entre los dos principales partidos es la extrema derecha.
Junts, sin embargo, ha mantenido su oposición a una reforma que sigue considerando «el procés y el 1-O como delitos punibles» y que «amplía la criminalización de conductas democráticas».
Por motivos opuestos han votado en contra Vox, que ha acusado al Gobierno de «desarmar el Estado de derecho» y legitimar a «los golpistas, a los violentos y a sus cómplices»; y Ciudadanos, que ha acabado elogiando la estrategia de Sánchez para ocultar, con sus enmiendas sobre el Constitucional, el verdadero «elefante en la habitación», la reforma de la sedición y la malversación.
El no de UPN ha sido radical, pero también se han desmarcado de la reforma Geroa Bai, con críticas a derecha e izquierda, y Más País, que ha rechazado rebajar penas por malversación.
