La corte de garantías ha confirmado su resolución inicial con los mismos votos con los que la adoptó: los 6 del bloque conservador frente a los 5 del bloque progresista
El Tribunal Constitucional (TC) ha ratificado este miércoles la decisión que adoptó hace apenas 48 horas de suspender la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas incorporadas a la proposición de ley sobre la sedición y la malversación que buscan renovar el propio TC, desestimando de esta forma el recurso presentado por la Cámara Alta para poder debatir y votar en su Pleno de mañana la reforma propuesta.
Tras más de tres horas de intensa deliberación entre sus 11 magistrados, la corte de garantías ha confirmado su resolución inicial con los mismos votos con los que la adoptó: los 6 del bloque conservador frente a los 5 de la minoría progresista.
Esta decisión mantiene vigente la suspensión y por consiguiente cierra la puerta para que la cámara alta incluya las dos polémicas enmiendas al texto que votará el pleno de este jueves.
La Fiscalía había pedido al tribunal que apartara a los dos magistrados del bloque conservador del Pleno ante «la incuestionable vinculación directa» de ambos «con el objeto de tramitación parlamentaria sobre la que se proyecta el recurso de amparo» del PP.
Dada la fragmentación del tribunal en este asunto, si se hubieran apartado esos dos magistrados, los números habrían sido favorables al sector progresista, por cinco a cuatro, por lo que esta cuestión resultaba crucial para revertir la decisión que el tribunal adoptó el lunes y permitir así al Senado incluir estas enmiendas en la votación del jueves.
Sin embargo, no ha sido así. Fuentes jurídicas informan que tanto Trevijano como Narváez han asegurado que no se dan por concernidos y, además, han defendido que no tienen interés directo ni indirecto en el procedimiento en respuesta a la petición del Ministerio Público y Unidas Podemos.
Por otra parte, las fuentes avanzan que González Trevijano no convocará un pleno para examinar los requisitos de los dos jueces designados por el Gobierno, Juan Carlos Campo y Laura Díez.
Hasta la fecha, la posición del Constitucional al respecto era de esperar a que el Consejo General del Poder Judicial votara los nombramientos este jueves 22 de diciembre – como estaba previsto antes de que estallara toda esta polémica- y convocar un pleno par dar el plácet a los cuatro una vez recibidos los nombres del CGPJ.
Pero, a propuesta de los vocales conservadores, el Consejo adelantó la votación en un pleno extraordinario que fracasó en su intento de nombrar a los dos magistrados para el Tribunal Constitucional, al no conseguir la mayoría para ninguno de los tres candidatos propuestos, por los vetos cruzados de los progresistas y conservadores a los aspirantes del otro.
Los magistrados del Supremo César Tolosa y Pablo Lucas obtuvieron 10 votos, todos de los vocales conservadores que les habían propuesto; y su compañero en el alto tribunal José Manuel Bandrés, los siete de los progresistas.
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