Desde la oposición no cesarán en su empeño de pedir amparo al Tribunal Constitucional ante iniciativas que son aprobadas por cauces que en su opinión no les corresponden
El PP se ha armado de datos para denunciar el «filibusterismo» parlamentario que afirma que utiliza el Gobierno para sacar adelante normas por la vía de urgencia, con argucias legislativas a través de leyes ‘ómnibus’ o con enmiendas reconvertidas en proposiciones de ley, que limitan el debate de los diputados.
135 Reales Decretos Ley desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, 38 proyectos de ley tramitados por la vía de urgencia, 9 proposiciones de ley orgánica que según el PP deberían haber sido proyectos de ley, o 925 comparecencias solicitadas y pendientes de celebración, son algunos de los datos que esgrime la dirección del grupo parlamentario popular para denunciar el actual «deterioro de la calidad legislativa».
Y la dirección del grupo avisa: no cesarán en su empeño de pedir amparo al Tribunal Constitucional (TC) ante iniciativas que son aprobadas por cauces que en su opinión no les corresponden.
Por la vía de urgencia
Los populares contabilizan 38 proyectos de ley aprobados en esta Legislatura por el procedimiento de urgencia, entre los que destacan el de cesión de tributos a varias comunidades autónomas, trasposiciones de directivas europeas o leyes como la del maltrato animal, la de los informadores sobre corrupción, la ley de Cooperación y Desarrollo o la del nuevo sistema universitario.
«Algunas están justificadas, pero otras no», recuerda la dirección del grupo, que señala que de los 8 recursos de inconstitucionalidad planteados ante el TC, 4 han sido estimados. Un «filibusterismo» parlamentario que achacan a la «debilidad» del Ejecutivo en el Congreso para aprobar las leyes e insisten en que la falta de informes preceptivos hace que la aplicación de algunas de ellas «tenga distorsiones y perjudique al ciudadano».
En este sentido alertan de que una futura inconstitucionalidad del impuesto a las grandes fortunas o a la banca y energéticas podría repercutir incluso en las arcas públicas, ya que se tendría que devolver la recaudación ingresada en el pasado. «Esta mala calidad legislativa es de una gravedad importante», denuncian diputados del PP, que inciden en que el Gobierno «utiliza la urgencia» para sus iniciativas pero que a la hora de tener que estudiar la Mesa de la Cámara las quejas de los grupos parlamentarios, la tramitación es ordinaria, por lo que cuando se pronuncia ya ha decaído el objeto y no ha lugar a la reclamación.
Proposiciones de ley orgánica en entredicho
El PP lamenta que, sobre todo en materia fiscal y penal, el Ejecutivo, a través del PSOE y Unidas Podemos, presente como proposiciones de ley orgánica materias que deberían ser presentadas como proyectos de ley.
Hasta 9 proposiciones de ley consideran que han eludido las consideraciones de órganos consultivos como el Consejo Fiscal, el Poder Judicial o el Consejo de Estado: la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación, la despenalización del acoso a las mujeres que acuden a clínicas para abortar, la ley para la igualdad de trato y la no discriminación o la que regula la eutanasia son algunos de los ejemplos que esgrimen.
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Reales decretos en vigor paralizados en el Congreso
En el haber del PP también se señalan 23 reales decretos que deben ser tramitados como proyectos de ley para recibir enmiendas y que siguen paralizados en el Congreso en sus plazos de enmiendas. El récord -inciden- lo tiene el decreto sobre la ejecución de los Fondos Europeos, con 77 ampliaciones. Los populares critican esta «táctica» del Gobierno de no dar salida a leyes que no les conviene modificar cuando ya están en vigor y recuerdan que en muchos casos estas normas decaerán cuando se suspendan las Cortes este año con motivo de las elecciones generales.
«El Ejecutivo coloniza al Legislativo», reiteran mientras anuncian que el partido trabaja ya en el próximo recurso de amparo que presentará ante el TC por el último decreto ley sobre bonificaciones y reducciones y que «no merece urgencia». Voces económicas del grupo parlamentario avisan de que «ponen patas arriba» la legislación laboral cuando son temas que merecen un debate parlamentario sereno.
Filibusterismo parlamentario
Los populares denuncian que el «filibusterismo» parlamentario llega incluso a presentar una enmienda «in voce» (que habitualmente solo se hace para corregir un aspecto técnico) con el fin de convertirla en una proposición de ley orgánica, como ha sido el caso de la norma para legislar sobre el secreto profesional de los periodistas. «Y no vamos a apoyar que se utilice esta vía para algo que no es el objeto de la causa», avisan.
A su cuenta añaden 927 peticiones de comparecencias pendientes de celebrarse, de las que 591 son de miembros del Gobierno y 336 de autoridades o funcionarios. Aunque habría que añadir la prevista para el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con el fin de que dé cuenta en el Congreso de la próxima Reunión de Alto Nivel (RNA) con Marruecos.
Fuente: Ruth del Moral (EFE)
