El documento plantea acusar constitucionalmente al jefe de Estado por los delitos de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo
La Comisión de Fiscalización del Congreso peruano aprobó este jueves un informe que acusa al presidente, Pedro Castillo, de dirigir una presunta organización criminal enquistada en el Ejecutivo, en la que se ha implicado a otros personajes vinculados con la actual gestión que están prófugos de la Justicia.
Con 9 votos a favor, 3 en contra y una abstención, el grupo parlamentario dio luz verde al informe que ahora deberá ser enviado ante el pleno del Congreso para seguir el mismo procedimiento. El documento, de más de 360 páginas, plantea acusar constitucionalmente al jefe de Estado por los delitos de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
En una sesión caótica, el grupo parlamentario presidido por el congresista fujimorista Héctor Ventura leyó las conclusiones y las recomendaciones del informe final, que indican que Castillo encabezaría una presunta red criminal que actuaría en el interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que integrarían otras 18 personas, entre exministros, exfuncionarios y empresarios.
Las investigaciones legislativas apuntan que «está comprobado» que el jefe de Estado y otros personajes vinculados a su Gobierno «estuvieron relacionados para poder coordinar los direccionamientos de los resultados de los diversos procesos de selección» en el Ministerio a favor de diversas empresas.
En ese sentido, agrega que «está probado» que, durante las adjudicaciones de contratos públicos, existieron comunicaciones entre Castillo y empresarios «para efecto de determinar los resultados de los procesos de selección».
Según el informe, que también acusa al mandatario de una supuesta injerencia en los ascensos de altos mandos de las Fuerzas Armadas, esta red criminal habría cometido actos ilícitos desde julio de 2021, cuando Castillo asumió la Presidencia de Perú, hasta fines de ese año.
En caso de que este informe sea refrendado por el pleno del Congreso, será enviado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para que evalúe las posibles infracciones a la Constitución, y al Ministerio Público, para que establezca eventuales responsabilidades penales.
La investigación del Legislativo se desprendió de un caso ya abierto en la Fiscalía de la Nación contra Castillo por la presunta comisión del delito de organización criminal.
Castillo se había comprometido el lunes pasado a recibir a los miembros de la Comisión de Fiscalización, pero a última hora decidió no hacerlo, luego de que su defensa aludiese que el grupo legislativo ya tenía preparado el informe inculpatorio con anterioridad.
