Esta situación provoca un conflicto con las mutuas, que presionan para que las bajas se tramiten por otra causa ajena al COVID
Desde el inicio de la pandemia y hasta este mes de marzo, se han tramitado 1,2 millones de bajas laborales por coronavirus. De ellas, casi 100.000 se han prolongado durante doce semanas o más y se corresponden con el llamado COVID persistente.
Según apunta un estudio elaborado por los doctores José Manuel Vicente Pardo y Araceli López-Guillén García, de la Cátedra de Medicina Evaluadora y Pericial de la UCAM, un 8% de los afectados por coronavirus que se ven obligados a cogerse una baja precisa de tres meses o más para reincorporarse a su puesto de trabajo. Un 0,8% de ellos supera el año sin volver al desempeño de su empleo.
Los autores del estudio señalan que este síndrome asociado al COVID queda «oculto», al no estar reconocido como una causa de baja laboral. Los síntomas que sufren estos pacientes varían entre la fatiga, la febrícula, la ansiedad, la falta de aire y los mareos. Es por eso que los expertos reclaman que las secuelas duraderas del coronavirus se reconozcan como causa de incapacidad laboral.
Estas situaciones, además, provocan un choque de intereses. Y es que el COVID está reconocido como un accidente laboral, por lo que los trabajadores cobran el 100% del salario mientras están de baja. Las mutuas, por tanto, ejercen presión para que, después de los habituales 14 días que dura la enfermedad, la baja se mantenga por otro trastorno y no por coronavirus. Un pulso entre mutuas y médicos en el que los trabajadores enfermos se ven envueltos y para los que todavía no hay una solución clara.
