Esta decisión se produce unos días después de que el Tribunal de Cuentas haya acordado mantener la reclamación de 5,4 M€ a ex altos cargos de la Generalidad, entre ellos Artur Mas
El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite los recursos del expresidente catalán Artur Mas y otros siete altos cargos contra la sentencia del Tribunal de Cuentas que les reclamó el pago de 5,2 millones por gastar dinero público en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado una providencia en la que acuerda la inadmisión de los recursos de casación interpuestos por Mas, los exconsejeros Joana Ortega, Francesc Homs, Jordi Vilajoana, y los altos cargos Ignasi Genovés, Josefina Valls, Jaume Domingo y Teresa Prohias i Ricart contra la sentencia del Tribunal de Cuentas, de 26 de julio de 2019.
El Alto Tribunal indica que la inadmisión a trámite se debe a aspectos formales, ya que los recurrentes no han justificado el interés casacional alegado en sus recursos y «por falta de fundamentación suficiente».
Los líderes independentistas intentaron justificar los gastos afirmando que el dictamen del Tribunal de Cuentas era «una pretendida vulneración de constitucionalidad, en razón a que los gastos se dirigen al ejercicio de una competencia de la que se afirma no es titular la Generalidad de Cataluña».
De esta forma, el Alto Tribunal confirma la sentencia contra Mas, los exconsejeros y seis personas más que fueron condenados por los gastos originados por el 9-N, cifrados en 4,94 millones de euros, si bien los líderes independentistas deberán reintegrar a la Generalidad la suma total más los intereses, es decir, 5,2 millones.
La sentencia del Tribunal de Cuentas detalla que, más allá de que Mas sea el responsable último, cada uno de los condenados es considerado responsable directo de determinadas cantidades en función de las atribuciones y responsabilidades que asumieron.
Mas y el resto de condenados depositaron 2,9 millones de euros que las organizaciones independentistas Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y Òmnium Cultural recaudaron a través de la conocida como «caja de solidaridad» y consignaron varios inmuebles como garantía, por lo que dieron por «íntegramente garantizada» la liquidación de la fianza de 5,2 millones impuestos por el tribunal.
Ahora, el órgano fiscalizador deberá ejecutar la sentencia, si bien los líderes independentistas tienen abierta la puerta a recurrir a la Justicia europea.
Esta decisión se produce apenas unos días después de que el Tribunal de Cuentas haya acordado mantener la reclamación de 5,4 millones de euros a más de una treintena de ex altos cargos de la Generalidad de Cataluña por el empleo de dinero público para el denominado Diplocat y las «embajadas catalanas» con el fin de promocionar el referéndum del 1-O de 2017.
Fuente: EFE
