Es bien conocido que, para justificar el establecimiento del nuevo impuesto a las grandes fortunas, el Gobierno se ha hartado de criticar la utilización de sus competencias autonómicas por parte de dos comunidades autónomas, Madrid y Andalucía. De manera que, según la propaganda oficial, el nuevo impuesto, de carácter estatal, sería el instrumento para unificar la tributación del patrimonio de las personas naturales en todo el territorio nacional, objetivo que ha sido declarado irrenunciable por parte del Gobierno. Dado que esta unificación es radicalmente contraria a la situación preexistente y reduce groseramente las competencias autonómicas, es evidente que se trata de una recentralización fiscal, como la hemos calificado muchos. Pero, debe insistirse, para el Gobierno se trata de un acto de justicia tributaria, pues el patrimonio de todos los españoles debe tributar de igual manera con independencia del territorio en el que cada cual resida.
Sucede que para aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2023, y dada su debilidad parlamentaria, el Gobierno requiere múltiples apoyos en el Congreso de los Diputados y, entre ellos, el del PNV. Sucede también que históricamente, el PNV está especializado en sacar provecho al arrendamiento de sus votos parlamentarios cuando éstos precisos. Y sucede finalmente que este partido no parece apreciar en exceso la introducción de un nuevo impuesto estatal, gestionado y recaudado por la Agencia Tributaria del Estado. La conjunción de los tres sucesos puede estallarle a Sánchez en la cara, tal como pasa a exponerse.
Podría ocurrir, el rumor corre por los pasillos del Congreso de los Diputados que, para apoyar los Presupuestos del Estado, el PNV le exija a Sánchez que el nuevo impuesto sobre las grandes fortunas, el que iba a homogeneizar en España la tributación de los patrimonios, sea cedido a las Diputaciones Forales Vascas ¡Toma ya! ¡Manda carajo! Un impuesto que se crea a lomos de una supuesta necesidad de unificar la tributación en toda España, puede acabar cedido a determinados gobiernos de ámbito local. De confirmarse la fechoría, no habría en el mundo mesa debajo de la que Sánchez pudiera meterse.
Y si así sucediera ¿Cuál sería el discurso de todos los jacobinos tributarios que han aplaudido el saqueo de las competencias fiscales autonómicas realizado por Sánchez? Debe pensarse que, de consumarse la cesión del nuevo impuesto, las Diputaciones Forales Vascas no solo gestionarían y recaudarían el nuevo impuesto, sino que tendrían determinadas capacidades normativas. Es decir, podrían modificar las condiciones de aplicación del impuesto para sus residentes que sufrirían un impuesto diferenciado al que sufriríamos el resto de los españoles ¡Viva la unificación, Sánchez!
En definitiva, si finalmente el nuevo impuesto es cedido a los territorios forales, quedaría patente de una manera inequívoca que, haya dicho lo que haya dicho, el único y verdadero motivo de Sánchez al crear el nuevo impuesto ha sido agredir fiscalmente a la Comunidad de Madrid y a los madrileños, y a las que, como ella -Andalucía-, se atrevan a llevarle la contraria en materia fiscal. Políticamente, es grave que un presidente de Gobierno adopte decisiones con semejante motivación. En el plano personal, refleja un desequilibrio emocional preocupante
