Uno de los investigados, Luis Medina, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, podría haber utilizado su condición de personaje conocido para conseguir los contratos
El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra dos empresarios madrileños que vendieron material sanitario al Ayuntamiento de Madrid durante el inicio de la pandemia por un valor de 15,8 millones de euros y cobraron una comisión de casi seis millones.
La querella de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, hecha pública este miércoles por el Ministerio Público y remitida a los juzgados de Plaza de Castilla, revela que se trata de Luis Ramón Medina Abascal, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, y Alberto Javier Luceño. Asimismo señala que Medina podría haber aprovechado su «condición de persona conocida» para establecer estos contratos a través de un familiar del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
Anticorrupción destaca sobre la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Madrid de varios contratos de material sanitario en marzo de 2020 que la mayoría de los test recibidos no eran aceptables, los guantes eran de calidad inferior a la prevista y las mascarillas un 40% más caras.
La Fiscalía les imputa los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales como resultado de las diligencias de investigación incoadas en noviembre de 2020 por tres contratos por un valor de unos 12 millones de dólares concedidos a la empresa Leno.
Uno de ellos por una cuantía de 6,6 millones de dólares para la adquisición de 1 millón de mascarillas FFP2/ KN95, otro por 4,2 millones de dólares para comprar 250.000 test rápidos, y otro de 5 millones para obtener 2,5 millones de pares de guantes. Al Ayuntamiento ya le fueron devueltos 4 de esos millones «por no ser el modelo acordado en la compra«, según confirmó el Consistorio, que defendió al conocerse esta querella que los contratos se hicieron «en precio según oferta y demanda del momento».
Según la querella, «estos precios los fijó Alberto Luceño y los impuso al Ayuntamiento de Madrid, amparándose en su falsa posición de fabricante y agente exclusivo de la compañía vendedora. Al hacerlo, ocultó que un elevado porcentaje del precio ofertado (aproximadamente el 60% en el caso de las mascarillas, el 81% en el caso de los guantes y casi el 71% en el caso de los test) correspondía a comisiones que los querellados iban a percibir».
Los contratos se firmaron en marzo de 2020, «en una situación de rápida evolución de la pandemia provocada por el COVID-19 y de extrema carencia de materiales sanitarios» que los investigados aprovecharon para «obtener un exagerado e injustificado beneficio económico» ofreciendo al Ayuntamiento la posibilidad de adquirir grandes remesa de material necesario.
Anticorrupción pone de relieve que el Ayuntamiento de Madrid pagó 11,9 millones de dólares y lo que obtuvo fue un millón de mascarillas pero pagando un 40% más del precio ofertado por el vendedor de China.
El Ministerio Público relata que con las comisiones que habrían obtenido los investigados éstos adquirieron coches de alta gama, varios relojes Rolex y otros artículos de lujo.
El Ayuntamiento de Madrid niega cualquier vinculación
El Ayuntamiento de Madrid ha negado que un familiar del alcalde José Luis Martínez-Almeida conozca al empresario Luis Medina, tal y como recoge la querella abierta por la Fiscalía Anticorrupción contra Medina y Luceño por cobrar comisiones millonarias en la entrega de material sanitario.
«El familiar del alcalde no conoce a Luis Medina. Se pusieron en contacto con él a través de una tercera persona», han afirmado fuentes municipales, a lo que añaden que este familiar facilitó el mismo correo electrónico que «se facilitaba a todos aquellos que contactaban con el Ayuntamiento para la venta de material sanitario».
Según dice la querella, la persona que inicialmente contactó con el Ayuntamiento de Madrid fue Luis Medina, aprovechando «su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid», añade el Ministerio Fiscal sin dar más detalles.
El Consistorio, por su parte, defiende que todas las empresas con las que realizaba contratación «debían seguir el mismo cauce» y recalca que «no está siendo investigado ni tampoco ningún trabajador».
«El Ayuntamiento de Madrid es, en todo caso, el perjudicado por estos hechos y se personará si se demuestra que ha habido un quebranto a las arcas públicas«, han afirmado.
