viernes, mayo 24, 2024
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Anticorrupción archiva la querella del PSOE por el alquiler del apartahotel de Díaz Ayuso

El fiscal no aprecia delito alguno en la contratación por parte de la presidenta madrileña de los servicios de la empresa Room Mate

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado el caso del alquiler del apartahotel de la cadena hotelera Room Mate donde se alojó durante el confinamiento la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al no apreciar delito alguno.

Así lo han indicado fuentes jurídicas, que han confirmado el archivo de la denuncia que interpuso el PSOE por este asunto, como ha informado la Cadena Ser.

El PSOE de Madrid presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por presuntas irregularidades en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid en la adjudicación de un contrato en mayo a la citada cadena hotelera donde se alojó Díaz Ayuso.

Ayuso estuvo instalada desde el pasado 16 de marzo en ese apartahotel de la capital, propiedad del empresario Kike Sarasola, presidente de Room Mate, según publicó en su día la revista ‘Vanity Fair’.

Una vez que comenzó la fase 1 de la desescalada, la presidenta madrileña lo dejó y dijo que tenía previsto pagarlo de su propio bolsillo.

Los socialistas estimaron que la cadena había favorecido a Díaz Ayuso con el alojamiento a cambio de que el Gobierno regional contratase los apartahoteles para alojar a personas mayores durante la pandemia.

La cadena cedió a la Comunidad de Madrid sus seis hoteles en la capital durante la pandemia, cuatro para personal sanitario y otros dos para personas mayores sin coronavirus.

De estos dos últimos, sólo se puso uno en marcha y sobre el que la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid firmó un contrato en el que figura como adjudicatario la Coordinadora del Tercer Sector, encargada de prestar los servicios sociosanitarios.

Sin embargo, en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid llegó a figurar como adjudicatario del contrato Room Mate por un importe de 565.749,58 euros con IVA incluido.

Un «error», según señalaron entonces fuentes de la Consejería de Políticas Sociales, que posteriormente cambiaron en el Portal de Contratación el nombre del adjudicatario por el de la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid y redujeron el importe a 240.443,57 euros IVA incluido.

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