Mientras la mayoría de comunidades parecen decantarse por los cierres perimetrales, Madrid continúa exigiendo que «antes de cerrar demuestren por qué»
El Consejo Interterritorial de Salud decide este miércoles las restricciones contra el COVID que se adoptarán en Semana Santa y en el puente de San José, y se verá si todas las comunidades autónomas se decantan por el cierre que propone el Ministerio de Sanidad, salvo para Baleares y Canarias.
El Ministerio que dirige Carolina Darias propone además relajar el toque de queda en ambas fechas a las 23 horas y reducir las reuniones sociales a un máximo de 4 personas en espacios públicos cerrados y a 6 en espacios públicos abiertos, salvo que se trate de convivientes.
Esa es la propuesta de Sanidad para el periodo comprendido entre el 17 y el 21 de marzo en aquellas comunidades en las que sea festivo el día de San José -Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco, Extremadura, Murcia, Navarra y Galicia-, y desde el 26 de marzo al 9 de abril en el resto.
El acuerdo será de obligado cumplimiento, pero Madrid lleva días advirtiendo de su oposición a la restricción a la movilidad.
Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en que «el cierre de regiones enteras ha de ser siempre la última opción a tomar después de haberlo intentado todo» y ha denunciado la «terrible persecución política» que, a su juicio, ha sufrido la región madrileña por su gestión de la pandemia.
«Antes de cerrar que nos demuestren por qué, qué medidas se han puesto en marcha y, una vez que sea inevitable, pues tomar esa medida como se hizo, por ejemplo, en la primera ola», ha dicho Díaz Ayuso.
El Gobierno no va a imponer ninguna decisión y «razonará y dialogará» con las comunidades autónomas sobre la desescalada de la tercera ola, según ha asegurado la ministra portavoz, María Jesús Montero, quien ha pedido a los ejecutivos autonómicos que van «con el paso cambiado» que reflexionen al respecto.
Que piensen sobre ello y que tengan en cuenta, según sus palabras, que «cuando el conjunto se orienta en una dirección y hay alguna que no esta incorporada a ese consenso parece razonable pensar que quien tiene que pensar sus actuaciones es quien va con el paso cambiado».
Y es que las medidas sobre las que tienen que decidir Sanidad y comunidades en el Interterritoral parece que cuentan con el visto bueno de la mayoría de ellas, tal y como se constató en la Comisión de Salud Pública del pasado jueves.
