La Misión de Apoyo al Proceso de Paz, rectores universitarios y otros organismos se han convertido en las voces de Colombia que piden «diálogos necesarios y urgentes»
Las voces que reclaman un diálogo para poner fin a la violencia en Colombia ganan relevancia mientras continúan las protestas contra el Gobierno de Iván Duque, que comenzaron hace una semana para pedir el fin de la reforma tributaria, pero que son el reflejo del malestar de una gran parte de la sociedad colombiana.
Mientras las manifestaciones siguen por noveno día consecutivo, el jueves, Duque hizo hincapié en que los desmanes se deben a «manos criminales» con lazos con el narcotráfico, ha pedido «escucharnos como sociedad y encontrar soluciones», aunque sigue sin tender la mano a las organizaciones de las protestas.
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA) consideró el jueves en un comunicado que «estos diálogos son necesarios y urgentes» pues «la actual coyuntura demanda el gesto genuino de todos los actores para conversar sobre los temas que más preocupan a la sociedad colombiana».
Desde colectivos, como el de rectores universitarios, llaman a un «diálogo amplio, inclusivo, honesto, alrededor de temas estructurales y urgentes que requieren soluciones construidas como un gran pacto social».
«Hemos llegado a un punto de verdadero agotamiento del modelo que le ha propuesto el uribismo al país», dijo el senador del opositor Polo Democrático Iván Cepeda, quien considera que el diálogo que el Gobierno plantea, «por los primeros anuncios podría ser una repetición de una malograda idea del pasado que es una conversación que no lleva a ninguna parte».
«En todo caso un diálogo no puede ser entre el Gobierno y sus amigos. Eso sería un monólogo que no lleva a ninguna parte; con quien debe dialogar el Gobierno es con el Comité Nacional de Paro y tiene que ser un diálogo leal, honesto, transparente en el que se busquen unos objetivos que tienen que expresarse en soluciones sobre puntos definidos», dijo el senador.
También desde la oposición, la congresista por la Colombia Humana María José Pizarro dijo en el Congreso que hay que darle «un rumbo claro a las movilizaciones», y estimó que «bienvenida sea la protesta pacífica (porque) la indignación social tiene que ser atendida».
Desasosiego social
Las protestas comenzaron el 28 de abril con el paro (huelga) nacional contra la ya retirada reforma tributaria y, ahora continúan por mucho más: contra un intento de reformar la salud, que puede llevar a más privatizaciones; contra la brutalidad policial que ha dejado al menos 24 manifestantes muertos, o por la compleja situación de inseguridad.
«Los manifestantes están, en esencia, retomando lo que dejaron cuando la pandemia de la Covid-19 apareció en marzo del año pasado, frenando meses de protestas callejeras que habían iniciado en noviembre de 2019», explica Elizabeth Dickinson, analista sénior del grupo de pensamiento Crisis Group.
Al malestar social por el que decenas de miles de personas salieron a protestar entonces se le han sumado los 3,5 millones de personas que han sido empujadas a la pobreza durante la pandemia, y que los más pobres son diez veces más propensos a ser hospitalizados por la Covid-19 que los más ricos.
Violencia policial
Las protestas también volvieron a mostrar el problema del uso desmedido de la fuerza por parte de los organismos de seguridad contra los manifestantes, que deja hasta el momento 24 manifestantes muertos, según la Defensoría, y 37 según organizaciones sociales como Temblores.
La ONU, la Unión Europea, EE.UU. y organismos internacionales pusieron al país en su punto de mira por este «uso excesivo de la fuerza policial».
En la caribeña ciudad de Barranquilla, un joven de 24 años fue ingresado de gravedad en la UCI después de que, según se ve en videos que circulan en redes sociales, fue derribado por los chorros de agua a presión lanzados por camión del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
También se encuentra ingresado de gravedad otro joven de 37 años, Lucas Villa, después de que civiles dispararan contra manifestantes que protestaban de forma pacífica en un viaducto en Pereira, capital del departamento de Risaralda (centro-oeste), e hirieran de gravedad a tres jóvenes.
