Los partidos de izquierda la consideran insuficiente mientras la derecha y políticos como el expresidente socialista Felipe González la critican por el acuerdo con Bildu
El pleno del Congreso de los Diputados aprobará previsiblemente este jueves la ley de Memoria Democrática, que ha generado críticas tanto por parte de la derecha como por parte de políticos de la Transición como el expresidente socialista Felipe González por el pacto suscrito entre el Gobierno y EH Bildu.
Este pacto permitió salvar la ley de Memoria Democrática, que cuenta con los apoyos suficientes para ser aprobada en el Congreso pero que nace sin un consenso social y político amplio.
La mayoría de las víctimas del franquismo y algunos partidos de izquierda como ERC la consideran insuficiente, mientras que la derecha y políticos como el expresidente socialista Felipe González han criticado el acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y EH Bildu para sacar adelante la norma tras la aprobación de varias enmiendas.
La más polémica contempla la creación de una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 a personas que hayan luchado «por la consolidación de la democracia» y que señale «posibles vías de reconocimiento y reparación».
Previamente, el PSOE y Unidas Podemos habían recogido en las enmiendas parciales pactadas de forma conjunta la designación de esta comisión con el espacio algo más acotado en el tiempo, desde 1978 hasta el 31 de diciembre de 1982.
Con la ampliación temporal de los trabajos de la comisión se incluye el año de inicio de los GAL, la organización terrorista dedicada a la guerra sucia contra ETA, y el primer año de gobierno de Felipe González.
Sin embargo, el Gobierno aclaró que la aplicación de la ley llega hasta el año 1978 y señaló que serán los expertos de la comisión los que decidan qué posibles vulneraciones de derechos humanos abordarán en un margen temporal posterior, durante los primeros años de la Transición.
Los objetivos y medidas concretas de la ley
Con la ley de Memoria Democrática, el Gobierno busca mantener el recuerdo de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista a través de los principios de «verdad, justicia y reparación», así como fomentar el conocimiento de aquellas figuras individuales y colectivas que hicieron posible la Transición.
Además, el Gobierno pretende avanzar respecto a la ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que será derogada con la entrada en vigor de la nueva norma, previsiblemente en septiembre, tras su votación definitiva en el Senado y su publicación en el BOE.
Por ejemplo, la nueva ley establece de forma expresa que la búsqueda de las alrededor de 114.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura corresponderá a la Administración General del Estado, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas.
Para ello, el Estado elaborará un mapa de localización de las personas desaparecidas y creará un banco estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura para poder comparar perfiles genéticos en la identificación de restos.
La ley declara ilegal tanto el régimen franquista como los tribunales franquistas, así como la nulidad de todas sus condena, y amplía la definición de víctimas, al incluir a las personas LGTBI, los niños adoptados sin consentimiento de sus progenitores, así como las lenguas y cultura vasca, catalana y gallega, entre otros casos.
Además, se creará un fiscal de Sala para la investigación de violaciones de derecho internacional y de derechos humanos durante el golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Aunque no deroga la Ley de Amnistía de 1977, la norma establece que todas las leyes españolas se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho Internacional, especialmente el Derecho Internacional Humanitario, «según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiable».
Por otro lado, la ley contempla la creación de un inventario estatal de lugares de memoria democrática entre los que estará el Valle de los Caídos, que pasará a denominarse Valle de Cuelgamuros y tendrá un nuevo marco jurídico, ya que se declarará extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, de quien depende el monumento administrado temporalmente por Patrimonio Nacional.
Entre las medidas más simbólicas, figura la supresión de un total de 33 títulos nobiliarios y grandezas de España concedidos entre 1948 y 1978, entre ellos el de duque de Primo de Rivera, duque de Calvo Sotelo y duque de Mola.
Con el objetivo de hacer pedagogía entre las nuevas generaciones, la nueva ley de memoria establece la actualización de los contenidos curriculares de ESO, FP y Bachillerato para reflejar la «represión que se produjo durante la guerra y la dictadura».
Y garantiza además el derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados sobre todos los hechos ocurridos entre el golpe de Estado de 1936 y la Transición hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
Fuente: EFE
