Marruecos pide que la Justicia española actúe contra Ghali, pero el juez español encargado ha aclarado que no piensa imponer medidas cautelares a Ghali
La crisis desatada entre España y Marruecos no terminará con la salida del territorio español del líder saharaui Brahim Ghali y su regreso a Tinduf, como erróneamente se ha interpretado en las últimas horas tras unas declaraciones del ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita. Marruecos ha indicado que este conflicto diplomático no terminará hasta que Brahim Ghali sea presentado ante la Justicia española.
En realidad, el gobierno de Marruecos ha condicionado el regreso de su embajadora, Karima Benyaich, a su puesto en Madrid a que el Gobierno de España explique la acogida de Brahim Ghali en España. Ghali es el presidente del Frente Polisario, que España acogió para ser hospitalizado por un caso grave de covid, y Marruecos ahora pide que la Justicia española actúe contra él.
«Aún no hemos recibido clarificaciones de España y la crisis durará mientras continúe su causa. Ella seguirá aquí mientras dure la crisis y hemos sido muy claros sobre el origen de esta crisis», comenta Bourita refiriéndose a que la embajadora no regresará a Madrid hasta que España se pronuncie sobre esta situación.
«Todos sabemos por qué hay crisis, porque España juzgó de forma soberana maniobrar con los enemigos de Marruecos y acoger a quien nos hace la guerra a diario, y actuar de este modo, con cambio de identidad (de Ghali) y un falso pasaporte, suscita muchos interrogantes», ha explicado Bourita sobre el conflicto diplomático que hay actualmente entre Marruecos y España.
«La crisis comenzó el 17 de abril (fecha de la hospitalización de Ghali en un centro sanitario de Logroño) y desde entonces España y su Justicia han preferido mirar a otro lado sobre la presencia en su suelo de un acusado de crímenes de guerra», continuó. «¿Por qué, teniendo asuntos pendientes ante la Justicia, aún no ha sido molestado este señor?», insistió Bourita.
El ministro se refiere a la causa abierta por el juez español Santiago Pedraz tras una querella de la Asociación Saharahui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH), por presuntos delitos como genocidio, asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones.
Pedraz ha aclarado que no piensa imponer medidas cautelares a Ghali, como podrían ser la retirada del pasaporte o la imposición de vigilancia y custodia contra el saharaui, de 72 años y convaleciente en un hospital de Logroño.
Así pues, la «condición» que Marruecos plantea para la vuelta de su embajadora no es la salida de Ghali de España, bien al contrario: Rabat quiere que responda ante la justicia, y que a su vez el gobierno de Madrid ofrezca explicaciones sobre cómo se gestionó su llegada a España y su hospitalización.
Y ante una eventual alta hospitalaria de Ghali y su regreso a Tinduf, Bourita advirtió contra «argucias para encontrarle una salida: no deben permitirse presiones diplomáticas sobre la Justicia española», y para precisar a quién se refería, añadió: «Es una persona que se pasea con un pasaporte argelino, lo que convierte al asunto en una gestión diplomática».
