El país vive en un régimen autoritario que viola las bases fundamentales de la democracia desde el año 2017
La situación en Nicaragua cada vez es más complicada, ya que, en los últimos días, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, ha ordenado la detención de los precandidatos opositores a la presidencia como Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro.
En noviembre de este año 2021 hay nuevas elecciones en Nicaragua y, ante esta situación, Daniel Ortega ha detenido a los precandidatos opositores. Con estos hechos, el actual presidente del país muestra, de nuevo, el régimen autoritario que está aplicando en Nicaragua, violando las bases fundamentales de la democracia, además de vulnerar también los derechos humanos de sus ciudadanos.
Ortega, de 75 años, quien retornó al poder en 2007 y gobierna desde 2017 junto a su esposa, Rosario Murillo, aspira por octava vez a la Presidencia en los comicios del 7 de noviembre.
El líder sandinista está en su segunda etapa como presidente de Nicaragua, tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.
Nicaragua, ¿democracia o dictadura?
Todo empezó en el año 2018 cuando se iniciaron protestas ciudadanas contra el Gobierno por las reformas al seguro social y donde más de 1.600 opositores fueron detenidos, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, este Informe también señala que hubo una gran represión por parte del gobierno nicaragüense, ya que, durante estas protestas ciudadanas, fallecieron 328 personas.
Otro informe, esta vez elaborado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, evaluaba la situación de Nicaragua en diciembre de 2020, estableciendo en este informe que, en los últimos tres años, más de 100.000 ciudadanos de Nicaragua habían solicitado asilo en terceros países ante esta «dictadura» impuesta por el actual presidente, Daniel Ortega.
En este año 2021, en noviembre, hay elecciones en Nicaragua, y este hecho ha provocado que Daniel Ortega haya iniciado una represión en contra de todos los miembros de la oposición, persiguiéndoles, deteniéndoles y encarcelándoles o manteniéndolos retenidos.
Estados Unidos tilda a Ortega de «dictador»
La primera detenida de la oposición fue Cristiana Chamorro, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y, además, se trata de la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales de noviembre próximo.
El segundo detenido fue Arturo Cruz, que fue embajador en Estados Unidos del Gobierno de Ortega entre 2007 y 2009.
Otros detenidos han sido el académico Félix Maradiaga y, posteriormente, Juan Sebastián Chamorro, que fue viceministro de Hacienda y Crédito Público y secretario de Coordinación y Estrategia en el Gobierno de Enrique Bolaños (2002-2007).
Con estas detenciones, se allana el camino para una nueva reelección del mandatario Ortega, quien ha sido tildado como «dictador» por EE.UU., que ha instado al resto de países del mundo a que lo traten como tal, a falta de cinco meses de los comicios generales.
España pide la «liberación inmediata» de los opositores detenidos en Nicaragua
El Gobierno español, ante la situación vivida en Nicaragua, ha pedido la «liberación inmediata» de los precandidatos a las elecciones presidenciales «detenidos, encarcelados o retenidos», así como de «otros opositores».
En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ejecutivo reclamó también que termine «la persecución de actores políticos y sociales y de los medios de comunicación independientes» en el país centroamericano.
«España reitera su profunda preocupación por los últimos acontecimientos en Nicaragua que han llevado a la detención de numerosos precandidatos electorales y actores políticos de la oposición», según dictan en la nota.
El Estado de Nicaragua, dice el comunicado, tiene «el compromiso internacional de respetar los Derechos Humanos».
El Gobierno de Nicaragua, según agrega el Ministerio de Asuntos Exteriores, es «responsable de preservar y garantizar los derechos y libertades fundamentales de todos sus ciudadanos, sean o no simpatizantes políticos, de conformidad con el Derecho Internacional y su propia Constitución».
Por todo, ello, el Ejecutivo español ha pedido la «liberación inmediata» de las personas citadas y de otros opositores, «así como que ponga fin a la persecución».
