Mientras en el resto de España ya se ha administrado la primera dosis al 76% de los agentes, en esta comunidad no llega al 15%
Sindicatos y asociaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil han celebrado que el Gobierno haya asumido vacunarlos en Cataluña, lo que ven una decisión «acertada» que valoran «positivamente», ante el abandono que consideran que han sufrido los agentes por parte de la Generalidad.
Así lo han indicado el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), la Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL), el sindicato policial JUSAPOL y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), después de que el Gobierno anunciase ayer que sanitarios de ambos cuerpos se encargarán de la vacunación de sus agentes en Cataluña tras no haber sido atendidos por la Generalitat.
Los sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil llevan semanas denunciando su situación en Cataluña, ya que mientras en el resto de España ya se ha administrado la primera dosis a más del 76% de los agentes, en esta comunidad esa cifra no alcanza el 15%, a pesar de que la estrategia de vacunación les dio prioridad como personal esencial.
De hecho, la asociación profesional de la Guardia Civil JUCIL y el sindicato policial JUSAPOL llegaron a interponer una denuncia por esta situación ante los juzgados de Barcelona contra la Generalitat, por un delito de prevaricación administrativa y contra la prevención de riesgos laborales.
Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) considera que el Gobierno ha reconocido sus quejas por la situación de los agentes en Cataluña, aunque ha advertido de que «vigilará de cerca este proceso para que, en efecto, se cumpla de inmediato este proceso de vacunación».
La AUGC había denunciado que a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Cataluña «se les aparta del proceso de vacunación, mientras se ha vacunado prácticamente a la totalidad de los policías locales y autonómicos».
El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) también ha agradecido la decisión del Gobierno, tras pedir amparo al Ejecutivo y a la Dirección General de la Policía por «el vergonzoso uso político de un asunto tan serio como la vacunación de funcionarios».
