Las regiones podrán así apelar al alto tribunal si los tribunales superiores autonómicos tumban las medidas contra la movilidad
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto que permitirá a los gobiernos autonómicos acudir al Tribunal Supremo para que se pronuncie sobre los recursos judiciales en torno a las restricciones de movilidad que se puedan interponer cuando expire el estado de alarma el 9 de mayo, por presunta vulneración de derechos fundamentales.
Fuentes del Gobierno han señalado que con el nuevo decreto ley los gobiernos autonómicos podrán recurrir al Supremo si el tribunal superior de justicia de su comunidad anula alguna de las restricciones que impongan para frenar el coronavirus tras el fin del estado de alarma.
Con esta medida el Ejecutivo intenta evitar disparidad de criterios jurídicos entre territorios ya que habilita a los gobiernos autonómicos a presentar un recurso de casación ante el Supremo, que podría sentar jurisprudencia.
Con el fin del estado de alarma, las medidas que impliquen limitar derechos necesitan de aval judicial. Una decisión, la del decaimiento de este instrumento jurídico, que el Gobierno recalca que no tiene marcha atrás y ante la que insiste que las comunidades tienen instrumentos suficientes para hacerle frente sin necesidad de aprobar nuevas herramientas legales.
