La Confederación Española de Policías aseguran que es un «burdo y zafio intento de castigar a los profesionales» destinados en Cataluña
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña están denunciado la última decisión tomada por la Generalidad que afecta directamente a la salud de sus agentes de policía tras ser excluidos del plan de vacunación contra el COVID-19. La medida afecta tanto a guardias civiles como a policías que prestan servicio en la región catalana.
La Confederación Española de Policías (CEP) ha informado de que «los días 26, 29 y 6 de abril estaba prevista la campaña de vacunación de la Generalidad para Policías Nacionales y Guardias Civiles». pero que sin embargo durante la mañana de este jueces «se nos comunica que está campaña ha quedado suspendida sine die, salvo para los compañeros con edades comprendidas entre los 60 y 65 años, en una decisión unilateral del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, al frente del cual se encuentra Alba Verges«.
A través de un comunicado muy detallado y tajante ha subrayado que «la Generalidad está jugando con la salud de los policías nacionales, sus familiares y de la población que acude a renovar sus documentos, en un burdo y zafio intento de castigar a los profesionales y agentes de la seguridad del Estado destinados en Cataluña».
Tras la noticia, han decidido solicitar al Ministerio de Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, que se encargue de vacunar a los agentes que han sido excluidos a través del Ministerio de Defensa en cuarteles militares y «fuera de las injerencias políticas por parte de una Comunidad Autónoma que juega con la salud come medio de presión político».
El CEP, añadía con su mensaje, escrito con gran fuerza y a su vez lamentación y desesperación, que eran conocedores «de los deseos políticos de “muerte administrativa” de la Policía nacional y Guardia Civil en Cataluña por parte de los sectores independentistas que conforman hoy el Ejecutivo catalán, lo que no esperábamos todavía era del deseo de “muerte física” de los hombre y mujeres que conformamos la FCS del Estado en Cataluña. Hemos puesto la decisión de la Generalitat en manos de nuestro Gabinete Jurídico que estudiará una posible denuncia por negar el Derecho a la salud a los Policías, Derecho recogido en nuestra Constitución”.
