El Ministerio Público eleva a definitiva su petición de pena para la expresidenta madrileña como inductora a un delito de falsedad documental
La fiscal Pilar Santos Echevarría ha solicitado al tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid que juzga a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes que la condene a tres años y tres meses de cárcelpor haber inducido a que se falsificara el acta del trabajo de fin de máster que ella asegura que realizó en 2012 en el Instituto de Derecho Público, asociado a la Universidad Rey Juan Carlos I. La exdelegada del Gobierno madrileña no conserva prueba alguna que lo acredite y la única que parecía poder servirle para ello, su agenda personal durante sus cargos públicos, fue retirada por su defensa al comenzar la sesión este viernes.
Esta agenda, entregada en un pendrive al comenzar la vista oral, fue retirada por el abogado de Cifuentes, José Antonio Choclán, al declarar el presidente del tribunal, Luis Carlos Pelluz, que era obligatorio darle traslado de la misma a todas las partes. Es el trámite habitual salvo que la prueba sea declarada secreta. En la agenda consta que el 2 de julio de 2012 con una referencia a la URJC, aunque según la acusada ella no defendió su trabajo.
La única modificación realizada por la fiscalía, a la que siguió la acusación que ejerce la URJC, es que subsidiariamente se aplicara a Cecilia Rosado la atenuante muy cualificada de confesión. Eso no cambia su petición de pena para ella porque ya pedía que solo se la condenara a 21 meses de cárcel por las atenuantes de miedo insuperable y confesión. Su colaboración con la justicia quedó patente ante el tribunal, al admitir que falsificó el acta del TFM de Cifuentes por las presiones que recibió el director del instituto, el catedrático Enrique Álvarez Conde, ya fallecido y de la otra acusada, Teresa Feito, que era asesora de la Comunidad de Madrid. Feito también se enfrenta a una petición de tres años y tres meses de cárcel, como inductora de la falsificación del documento oficial.
Nueve meses
La acusación que ejerce la URJC, en cambio, pide una pena algo inferior para Rosado, al solicitar que se le condene a 18 meses de prisión. La defensa de la profesora que firmó por otras dos compañeras el acta de TFM de Cifuentes acepta la falsedad pero pide que la pena que se le imponga sea de nueve meses de prisión. Con la petición más alta, la de la fiscalía, que es la máxima que pueda imponer a Rosado el tribunal por el principio acusatorio, la profesora no ingresará en prisión.
El juicio continuará a finales de la próxima semana que será cuando los abogados realicen los informes en los que basan su petición de pena o la absolución, como reclaman la expresidenta madrileña, que niega haber obligado a nadie a falsificar un documento para acreditar un máster del que ya tenía el título.
