Santiago Pedraz ha constatado que Ternera no pertenecía a ETA político militar cuando se produjeron los hechos
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha anulado uno de los cuatro procesamientos por los que este tribunal pidió a Francia la entrega del exdirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea Bengoechea, Josu Ternera.
Lo ha hecho al constatar que Ternera no pertenecía a ETA político militar cuando se produjeron los hechos por los que le procesó en 2005: el asesinato del directivo de Michelin Luis María Hergueta Guinea, en 1980, según ha adelantado «La Razón» y han confirmado a Efe fuentes jurídicas.
Para dictar su procesamiento por este atentado, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional se basó en el testimonio de dos trabajadores de la factoría Michelin en Vitoria que eran matrimonio y que fueron condenados por albergar en su domicilio a liberados de la banda y por facilitar información a ETA sobre la víctima.
Ambos reconocieron haber mantenido una cita en el hospital de Bayona (País Vasco francés), en febrero o marzo de 1980, con Josu Ternera «y un tal Echeveste», en la que pidieron a Marañón «alguna fotografía» de Hergueta, «puesto que al parecer era el encargado de negociar el convenio colectivo de la empresa Michelin, con el fin de secuestrarle» y poder presionar en esas negociaciones.
Ahora, se ha podido comprobar, como alegó la defensa del exdirigente etarra, que en esas fechas Ternera no pertenecía a ETA político militar, por lo que no pudo participar en ese atentado.
En sentido contrario, el pasado abril, su compañero del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional Ismael Moreno rechazó el recurso de la defensa de Ternera, en el que se instaba la anulación del auto de procesamiento contra él por el atentado a la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en 1987, que causó la muerte de once personas, entre ellas seis niños.
Tras la detención de Ternera el 16 de mayo de 2019 en Francia, la Audiencia Nacional pidió su entrega por estas dos causas así como por la financiación de ETA a través de las herriko tabernas y por un delito de lesa humanidad en relación con los atentados de la banda a partir de 2004, cuando entró en vigor esta figura penal en España.
