domingo, junio 13, 2021

El Salvador hace historia tras ser el primer país del mundo en aprobar el bitcoin como moneda de curso legal

Con la aprobación de esta nueva ley, a partir de ahora será legal poder pagar con bitcoin en El Salvador, pero no con otras criptomonedas

El Salvador se convierte en el primer país en aprobar el uso del bitcoin como moneda de curso legal. La Asamblea Legislativa de El Salvador ha aprobado finalmente el proyecto de ley que permitirá usar el bitcoin como moneda de curso legal en todo su territorio. Así, El Salvador se ha convertido en el primer país del mundo en hacerlo.

Esto ha sido posible gracias a la ley que impulsó el presidente Nayib Bukele, que ha recibido en el Congreso 62 votos a favor de un total de 84. Tras haber recibido la aprobación del Congreso, esta nueva ley entrará en vigor 90 días después de que se publique en el Diario Oficial.

El Salvador ha hecho historia convirtiéndose en el primer país donde se acepta esta moneda, por ese motivo, el presidente ha aplaudido esta votación y ha asegurado que El Salvador ha hecho «historia».

«Tener el bitcoin proporciona una manera de proteger a las economías en desarrollo de posibles impactos [derivados] de la inflación de su moneda fíat», afirmó el mandatario.

Con la aprobación de esta nueva ley, a partir de ahora será legal poder pagar con bitcoin, aunque no con otras criptomonedas. En el primer artículo de esta ley se formula cuál es el objetivo de la aprobación de este código: «La regulación del bitcoin como moneda de curso legal, irrestricto con poder obligatorio, ilimitado en cualquier transacción».

¿Qué implica la entrada del bitcoin como moneda en El Salvador? Pues bien, ahora los precios en el país se podrán mostrar también en bitcoins, las contribuciones tributarias se podrán pagar incluso con esta moneda y, además, las transacciones con esta criptodivisa tendrán beneficios fiscales.

En cuanto al cambio de bitcoins a dólares, será «establecido libremente por el mercado» de acuerdo con la nueva ley. El presidente aseguraba que la normativa está «bien estructurada para que tenga riesgo cero» y, así, que el Gobierno pueda garantizar «la convertibilidad al valor exacto» al momento de cada transacción.

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