El Gobierno plantea que, en las indemnizaciones alcanzadas por un pacto amistoso, tendrá que intervenir «un tercero neutral» que haga de mediador, elevándose el acuerdo a escritura pública
Si sale adelante el anteproyecto de Ley de medidas de Eficiencia Procesal, impulsado por el Ministerio de Justicia, las víctimas de un accidente de tráfico podrían tener que pagar impuestos por las indemnizaciones que reciban, según apuntan en el diario ‘El Mundo’.
Esto sería la primera vez que ocurriría en nuestro país, y es que nunca antes se ha dado en España un hecho así.
La Ley de medidas de Eficiencia Procesal, impulsada por el Ministerio de Justicia, se encuentra actualmente en trámites, ya que tuvo el visto bueno del Consejo de Ministros a mediados de diciembre del año 2020, como indican en ‘El Mundo’.
Ante esta situación, algunos ya han denunciado que estas medidas puedan llegar a aprobarse, como es el caso de Anava-RC, la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil, quienes aseguran que, «una vez más, el Gobierno recurre a una modificación legal en otro terreno para colarnos una medida de tipo recaudatorio», denuncian.
Esta asociación ha enviado incluso cartas de protestas al Ministerio de Justicia y a la Dirección General de Seguros, aunque, por ahora, no han obtenido respuesta, aseguran desde ‘El Mundo’.
¿Qué implicaría la aprobación de esta ley?
La novedad que surge en este anteproyecto de ley es que, en aquellas indemnizaciones alcanzadas por un pacto amistoso entre las partes (sueles ser las aseguradoras), tenga que intervenir «un tercero neutral» que haga de mediador, además, «que el acuerdo se eleve a escritura pública». Otra propuesta del Gobierno es que, por el dinero recibido, se paguen impuestos.
Estos dos requisitos, nunca antes planteados, supondrían entonces gastos que detraer a la cantidad que correspondiente a la víctima o a sus familiares.
¿Qué puede hacer en estos casos el accidentado o sus familiares para no ver reducida la cantidad que recibe? Pues en estos casos se tendría que lograr que la aseguradora pague los gastos extras que supone contratar el arbitraje y formalizar la escritura. En caso de que esta vía no funcione, no habría más opción que judicializar el procedimiento.
Como indican desde ANAVA-RC al diario ‘El Mundo’, esto generaría «un desbocado aumento de litigios, pues los ciudadanos deberían esperar a la sentencia judicial para que su indemnización quede exenta de tributación, cargando más, si cabe, a la ya desbordada Administración de Justicia», explican.
El objetivo de esta nueva ley que propone el Gobierno de Sánchez es recaudar dinero, ya que sería la primera vez que se aplicarían estas medidas en España y, además, desde el punto de vista fiscal, estos pagos nunca se han considerado como un incremento patrimonial, sino como una compensación de las disminuciones sufridas a consecuencia del accidente.
