Justicia prepara un anteproyecto de ley para que la instrucción de las causas pase a depender de la Fiscalía
El Gobierno de Pedro Sánchez tendría preparada una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que introduciría profundos cambios en el modo en que se conducen las instrucciones judiciales. El punto más importante de la reforma contemplaría que la investigación de los supuestos delitos pasaría a estar bajo el control de los fiscales, y no de los jueces, como hasta ahora. Desaparecería, por tanto, la figura del magistrado instructor, tan particular de la Judicatura española.
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Según informa el diario ‘El País’, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ya tendría en su mesa el anteproyecto de la nueva ley, que llegaría al Consejo de Ministros en las próximas semanas. El borrador, además, incorporaría otra importante novedad: a partir de ahora, los partidos políticos y sindicatos ya no podrían actuar como acusación popular en los procesos judiciales. Cabe recordar que esta es una práctica común en los casos que afectan al ámbito político. Son habituales, por ejemplo, los recursos de Vox y del Partido Popular a medidas del Gobierno. Asimismo, Podemos está personado como acusación popular en varias piezas del caso Villarejo.
En cuanto al nuevo papel que la Fiscalía ostentaría bajo la nueva ley, el Ministerio Público se encargaría, además de sus funciones actuales, de iniciar y practicar la investigación por sí misma o a través de la Policía Judicial; de involucrar al juez en la adopción de las medidas cautelares que pudieran proceder; y de velar por la ejecución efectiva de las sentencias, entre otras responsabilidades.
La potestad de interceptar comunicaciones y conversaciones privadas, no obstante, dependerá del Juez de Garantías, que ordenará tales acciones a instancias de la Fiscalía siempre que el requerimiento de esta se ajuste a la legalidad. El anteproyecto prohibiría explícitamente intervenir las conversaciones entre el acusado y su letrado.
