Esta reforma podría moverse entre la derogación que exige Podemos, la modificación del redactado del artículo o una rebaja de las penas que lleva aparejadas
Con los condenados por el ‘procés’ indultados este martes, la anunciada reforma del delito de sedición se antoja una posible salida para el expresidente Carles Puigdemont y los políticos que optaron por la huida, aunque difícilmente les libraría de ser juzgados en España y exponerse a penas de prisión.
El independentismo se mantiene firme en su apuesta por la amnistía como única solución para los cerca de 3.000 condenados que, según sus cálculos, tienen cuentas pendientes en los tribunales por los distintos procesos penales derivados del ‘procés’ y las protestas que lo apuntalaron desde la calle.
E insiste en que los indultos vienen a aliviar la situación de los presos, sin paliar ni un ápice las consecuencias penales para el resto: quedan los huidos, pero también los cargos del Gobierno procesados por los preparativos del referéndum -con delitos castigados con elevadas penas de cárcel-, los que ven ahogada su carrera política por posibles condenas de inhabilitación o los que afrontan embargos millonarios por los gastos del ‘procés’.
La reforma de la sedición
Hay quien confía que la reforma del delito de sedición facilite una pista de aterrizaje para el regreso de Puigdemont a España, cuya situación personal constituye para su partido, JxCat, uno los principales escollos que impiden desbloquear el conflicto catalán.
Pocos detalles se han dado sobre los términos en que el Gobierno impulsará la reforma, que podría moverse entre la derogación que exige Podemos -para quienes la sedición se basa en un «concepto predemocrático» del orden público-, la modificación del redactado del artículo o una rebaja de las penas que lleva aparejadas.
Una reforma poco profunda del precepto legal -cuya derogación temen algunos sectores porque despojaría al Estado de esa herramienta penal ante otro eventual ‘procés’ en el futuro- dejaría a los líderes independentistas huidos en manos del Supremo y posiblemente con la cárcel como horizonte, apuntan fuentes jurídicas.
De hecho, varias voces en el Gobierno y el PSOE han apuntado que Puigdemont deberá ser detenido si regresa a España, voluntariamente o a raíz de la euroorden emitida por el Supremo, y juzgado como lo fueron otros miembros de su Gobierno.
Los consejeros de su Gobierno más implicados en el referéndum fueron condenados por el Supremo a un delito de sedición, aunque en concurso con el de malversación de caudales públicos, lo que disparó hasta los 13 años de cárcel la mayor pena, la de Oriol Junqueras.
En consecuencia, aunque el delito de sedición fuera suprimido o rebajado a penas mínimas, el expresidente catalán, junto al exconsejero Toni Comín, se arriesgarían a ser condenados por malversación de caudales públicos, delito castigado con entre dos y seis años de cárcel.
Caso distinto es el de la consejera Meritxell Serret, que regresó el pasado mes de marzo a España tras tres años huida a Bélgica y está a la espera de ser juzgada en el Supremo por los delitos de malversación y desobediencia, pero con unas perspectivas menos gravosas, puesto que -como Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs- sus departamentos no destinaron fondos a 1-O.
Otra es también la situación de la exconsejera Clara Ponsatí huida a Escocia, que está procesada solo por sedición, la del exconsejero Lluís Puig, acusado de desobediencia y malversación y al que la justicia belga descartó ya entregar a España, y la de la secretaria general de ERC Marta Rovira, huida a Suiza desde que fue procesada por rebelión pero contra quien ahora no pesa euroorden alguna.
¿Y otros condenados por el ‘procés’?
Si las esperanzas de la reforma de la sedición son limitadas para los huidos, su impacto sería nulo sobre las causas que afrontan otros políticos a raíz del ‘procés’, desde el expresidente del Parlamento Roger Torrent, investigado por desoír al Constitucional, a los diputados Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, procesados por desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos en la organización del 1-O.
Por la logística del referéndum están procesados además por hasta cuatro delitos otros 29 empresarios y cargos del Gobierno, acusados de participar en los preparativos del 1-O, entre ellos la actual consejera de Cultura, Natàlia Garriga.
A ellos se suman la decena de alcaldes condenados por su apoyo al referéndum -el exconsejero de ERC y exalcalde de Agramunt (Lleida) Bernat Solé ya está inhabilitado por ello- o los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O, entre ellos la consejera de ERC Tània Verge, absueltos en primera instancia pero pendientes de que la Audiencia resuelva el recurso de la Fiscalía.
Y engrosan la lista de los llamados «represaliados» por el ‘procés’ centenares de independentistas con causas pendientes por el apoyo al ‘procés’ desde la calle: manifestantes acusados de montar disturbios tras la sentencia o miembros del entorno de Puigdemont a quienes la Audiencia Nacional investiga por integrar la cúspide de Tsunami Democràtic.
En paralelo, el Tribunal de Cuentas reclama sumas millonarias a medio centenar de cargos públicos del Gobierno por los gastos derivados del referéndum del 1-O y de la acción exterior de Cataluña entre 2011 y 2017, entre ellos al propio Puigdemont, al expresidente Artur Mas o al que fuera consejero de Economía, Andreu Mas-Colell.
Fuente: EFE
