Repasamos otros casos que dividieron a la opinión pública en nuestro país en medio del debate sobre la decisión a tomar con los presos independentistas catalanes
El posible indulto para los doce líderes soberanistas de Cataluña que se encuentran en prisión debido al juicio del procés, encabezados por Oriol Junqueras, ha vuelto a salir a la palestra en las últimas horas. Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejase abierta esa puerta el martes, el Tribunal Supremo ha abogado por cerrarla este miércoles.
Según el alto tribunal, ni las penas impuestas (hasta 13 años de cárcel) son desproporcionadas ni hay arrepentimiento por parte de los condenados. De ahí que el organismo presidido por Carlos Lesmes no considere oportuno que los delitos de sedición, malversación y desobediencia protagonizados por los independentistas queden impunes. Entre los partidarios del indulto y sus detractores, el debate está servido en la opinión pública española hasta que haya una decisión en firme.
Mientras llega la resolución del caso, merece la pena recordar otros indultos sonados que han tenido lugar en nuestro país. Sus protagonistas también fueron de calado, y sus circunstancias estuvieron tan a pie de calle como las que atañen ahora al 1-O.
El 23-F
El golpe de Estado que puso en peligro la democracia en 1981 estuvo una vez más de plena actualidad el 24 de diciembre de 1998. Fue entonces cuando el Gobierno de José María Aznar decidió indultar a uno de los grandes nombres propios de aquella operación, el general Alfonso Armada.
Tras haberla solicitado hasta cinco veces, el exjefe de la Casa Real obtuvo la medida de gracia por razones de salud y tras constatarse que acataba la Constitución. En un primer momento (1983), el Tribunal Supremo le había impuesto una condena de 30 años de cárcel más pérdida de empleo, que se redujo después a 26 años, ocho meses y un día, por rebelión.
Quien no acabó indultado fue el otro principal ideólogo del 23-F, Antonio Tejero. A pesar de que el Supremo llegó a pronunciarse a favor del teniente coronel de la Guardia Civil, el Ejecutivo de Felipe González no le concedió el indulto. Por tanto, pasó 15 años en la cárcel (de los 30 a los que fue condenado de manera inicial) y fue puesto en libertad condicional en 1996.
Los GAL
El 23 de diciembre de 1998, de nuevo el Gobierno de Aznar concedió el indulto de dos tercios de su pena y el tercer grado al exministro de Interior, José Barrionuevo, el exsecretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, y otros condenados por el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey, al que los GAL confundieron con un peso pesado de la banda terrorista ETA.
Entre los otros agraciados por la medida, se encontraban José Amedo, exsubcomisario de la Policía Nacional, y Michel Domínguez, exinspector de policía. Barrionuevo y Vera habían sido condenados de forma inicial a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación por detención ilegal y malversación, con nueve años y seis meses y dos años, cuatro meses y un día de condena para Amedo y Domínguez respectivamente.
Los casos Hormaechea y Filesa
Juan Hormaechea, expresidente de Cantabria en las filas del PP, fue indultado hasta en dos ocasiones tras haber cometido delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación. Después de ser condenado a seis años de prisión y 14 de inhabilitación en 1994, recibió el indulto parcial del Gobierno de Felipe González en octubre de 1995. A este hay que añadir el de 2011, ya con José Luis Rodríguez Zapatero en Moncloa: se repitió el juicio y el Supremo ratificó la pena de tres años de cárcel.
Por otro lado, los políticos socialistas Carlos Navarro, Luis Oliverio y Alberto Flores fueron indultados en diciembre de 2000. Entonces, el Gobierno de Aznar redujo a la mitad sus penas de entre 10 y 11 años de prisión por falsedad continuada en documento mercantil, delito fiscal y delito contra Hacienda, en relación con el caso Filesa.
Jesús Gil
El expresidente del Atlético de Madrid fue indultado en hasta dos ocasiones. Primero, por Franco en 1971, después de que Gil fuese condenado a cinco años de prisión por homicidio involuntario tras la muerte de 58 personas al hundirse el restaurante de Los Ángeles de San Rafael (Segovia), del que era propietario.
Gil volvió a ser indultado en 1994. En esta ocasión, el Gobierno de Felipe González le concedió una nueva medida de gracia tras haber sido condenado a dos meses de arresto mayor y suspensión de cargo público por estafa en diciembre de 1992.
Javier Gómez de Liaño
El exmagistrado, que había sido condenado a 15 años de inhabilitación y apartado de la carrera judicial por prevaricación en 1999 (caso Sogecable), fue indultado por el Gobierno de Aznar en diciembre de 2000.
ETA y los GRAPO
En enero de 2009, José Antonio de la Hoz Uranga, exjugador de la Real Sociedad, fue indultado por el Gobierno de Zapatero tras haber sido condenado a ocho años de prisión por colaboración con ETA (apenas estuvo seis meses en la cárcel). Uranga estuvo implicado en el secuestro del empresario vasco Andrés Gutiérrez Blanco en 1987.
En cuanto a los GRAPO, también el Gobierno de Zapatero indultó a uno de sus miembros, Sebastián Rodríguez Veloso, en abril de 2007. Este había sido condenado a 84 años de cárcel por asesinar al empresario y presidente de la patronal sevillana, Rafael Padura, el 5 de septiembre de 1984. Debido a la medida de gracia, Rodríguez Veloso sólo tuvo que pagar las indemnizaciones pendientes.
El Yak-42
En abril de 2012, tanto el comandante José Ramón Ramírez García como el capitán médico Miguel Ángel Sáez García fueron indultados por el Gobierno de Mariano Rajoy. En su día, habían sido condenados a 18 meses de prisión, un año de inhabilitación especial y una multa de 900 euros por falsear la identidad de 30 de los 62 militares fallecidos en el famoso accidente aéreo. Aunque la medida sólo afectaba a su inhabilitación, los familiares de las víctimas tildaron la decisión de “golpe de Estado”.
Alfredo Sáenz
En noviembre de 2011, el entonces consejero delegado del Banco Santander fue indultado por el Gobierno de Zapatero. Se le perdonó una condena de tres meses de arresto e inhabilitación por un delito de acusación falsa y de denuncia falsa. Eso sí, el Tribunal Supremo acabó anulando los efectos administrativos de ese indulto (por lo que le inhabilitó) en febrero de 2013.
