En las fechas festivas de diciembre hasta el día de Reyes se utilizarán varios drones de la Dirección General de Emergencias en labores de control de posibles infracciones
El Govern balear rastreará las redes sociales para obtener información sobre convocatorias de reuniones que incumplan las restricciones de prevención de la covid-19 con el fin de impedir fiestas ilegales en el puente de la Constitución y en las navidades.
Además, en las fechas festivas de diciembre y hasta el día de Reyes se utilizarán cuatro drones de la Dirección General de Emergencias en labores de control de posibles infracciones y prevención de aglomeraciones en todas las islas.
La consejera de Administraciones Públicas, Isabel Castro, que ha dado a conocer estas medidas tras una reunión de coordinación con la Delegación del Gobierno y los ayuntamientos, ha recordado que los incumplimientos de las restricciones anticovid pueden suponer multas de hasta 600.000 euros.
Desde que se instauró el régimen sancionador autonómico el pasado julio se han registrado 4.745 denuncias, el 87,4 % de ellas a particulares y el 12,6 % restante a titulares de establecimientos, expedientes que han sido ya completados en 332 casos de los que 315 son infracciones leves que suman multas por 103.606 euros; 11 son graves y alcanzan en total los 80.050 euros; y seis son muy graves y suman 520.002. Además, cuatro locales han sido cerrados.
La consejera ha indicado que el rastreo de las redes sociales, que correrá a cargo de una «unidad de análisis de la Dirección General de Emergencias», tiene un carácter preventivo. «No se trata de que vayamos a rastrear fotos en Facebook«, ha indicado.
Es un complemento al «esfuerzo de medios humanos» de policías locales y nacionales, guardias civiles e inspectores del Govern y los Consells que podría servir, ha aclarado, para pedir autorización judicial para impedir la celebración de fiestas ilegales, ha señalado la consellera.
Ha apuntado que la participación en una fiesta puede ser en algunos casos una infracción grave (de 3.000 a 60.000 euros), mientras que la asistencia a una reunión familiar que supere el número máximo de participantes podría considerarse leve (de 100 a 3.000 euros) o grave, en función de las circunstancias.
La delegada del Gobierno, Aina Calvo, que ha comparecido junto a Castro, ha puesto el acento en que se tiene que evitar «la tentación de pagar una sanción para hacer una fiesta».
«Lo que está en juego es cuántos de nosotros tenemos que morir antes de que la normalidad vuelva a nuestras vidas«, ha enfatizado Calvo, para quien los infractores de las restricciones sanitarias «están atentando contra su vida y contra la vida de todos».
