El presidente catalán considera «insuficientes» los acuerdos conseguidos en la Comisión Bilateral, aunque admite «avances»
El presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, ha considerado que, aunque en la reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalidad del lunes se produjeron acuerdos en los traspasos, estos tienen que concretarse y ha pedido que no se usen «como moneda de cambio» para la resolución del conflicto político.
En una rueda de prensa, Aragonès ha hecho una valoración positiva de que la Comisión Bilateral se haya reunido, y aunque el Gobierno catalán considera «insuficientes» los acuerdos conseguidos, ha admitido «avances» en algunos traspasos «que ahora tienen que ser concretados».
También ha advertido de que los acuerdos de esta comisión «no son ni pueden ser moneda de cambio para renunciar a los objetivos políticos de amnistía y autodeterminación».
«Seremos altamente exigentes» con respecto al calendario de los traspasos previsto por la comisión, ha apuntado, y los 56 que reclama la Generalidad «se tienen que ir ejecutando».
El presidente catalán ha indicado que su gobierno seguirá reclamando que los fondos europeos Next Generation destinados a Cataluña «sean gestionados directamente por la Generalidad», por ser la que mejor conoce «la realidad catalana y sabe dónde hace falta invertir».
Para Aragonès, el Gobierno tiene la oportunidad de demostrar si realmente «hay voluntad para avanzar» en los traspasos y en la descentralización de la gestión de los fondos.
En la misma rueda de prensa, el presidente de la Generalidad ha querido realizar un balance de los primeros 71 días de gobierno en esta legislatura, muy marcados por la evolución negativa de la pandemia de la covid-19, ha reconocido, pero en los que se ha evidenciado, ha dicho, «una tendencia a recuperar la fortaleza institucional».
«Esta fuerza institucional es imprescindible para abrir la negociación con el Estado, que es de las más complejas y difíciles», ha señalado Aragonès.
También ha recordado los recursos destinados al plan de rescate social, con más de 900 millones de euros dedicados a políticas activas de empleo, así como para aumentar en 70 millones de euros los fondos para la renta garantizada de ciudadanía.
Fuente: EFE
